DESDE LOS TERRITORIOS,LA COMUNA Y LOS BARRIOS.DESDE EL PODER DE LAS BASES Y LA DEMOCRACIA POPULAR.
jueves, 2 de abril de 2026
PODER POPULAR COMUNITARIO. BRONX,NY. 2 DE ABRIL DE 2026.....,EE UU. 2026.ORGANIZAZAR RESISTENCIAS Y PROTESTAS A NIVEL NACIONAL.ABOLIR ICE Y LEGALIZACION PARA TOD@S L@S INMIGRANT@S. INVASIÓN Y RESISTENCIA Luis Britto García Somos víctimas de una agresión alevosa, sanguinaria y no provocada. Sin previa declaratoria de hostilidades, con armamento tecnológicamente superior, masacraron a centenares de compatriotas en su mayoría no combatientes. Mientras no se firme un Tratado de Paz digno, estamos en guerra: ejército y autoridades de Estados Unidos son enemigos, y como tales deben ser tratados.......,
Analicemos el estado del conflicto. Tras un cuarto de siglo de agresiones y sabotajes, la única ventaja obtenida por el adversario es el secuestro bajo falsos pretextos del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa y diputada Cilia Flores.
Estados Unidos no domina un centímetro cuadrado del territorio nacional. Ni un soldado estadounidense ocupa nuestro suelo. No han instalado bases militares ni naves, aeronaves o equipos militares en nuestro país. El único poder que maneja es el mismo que antes de su atentado: la amenaza.
Consideremos si esta amenaza basta para lograr los objetivos declarados repetidas veces por el mandatario estadounidense. "Yo gobernaré Venezuela (...) Yo manejaré su petróleo, reservando una parte para nosotros y otra para ellos, hasta que realicen un transición sensata y juiciosa".
Examinemos la verdadera motivación del conflicto: los hidrocarburos de los cuales Venezuela posee las reservas más grandes del mundo. En texto anterior señalé que la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca con ejecutivos de 17 petroleras estadounidenses puso en evidencia su imposibilidad. Ninguna de las compañías formuló ni una sola oferta para participar en la rebatiña, por dos motivos: no había seguridad jurídica para las inversiones, y el objeto de éstas, los principales yacimientos, había sido contratados en un 45% por Venezuela con la petrolera Roszarubeznefth, filial de la estatal rusa Rosnef, en contratos que el propio Trump reconoció como "legítimos, y que serían cumplidos". En consecuencia, según declaró el representante de la Exxon, Venezuela sería "uninvestable", no apta para recibir inversiones (Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable':https://www.bbc.com/news/articles/c205dx61x76o)
Si para saquearnos necesitan seguridad, sabemos lo que debemos darles.
El economista marxista Richard Wolff divulga transcripción de conversación telefónica del día anterior en la cual Trump suplicaba a Putin dar parte de los yacimientos venezolanos a empresas estadounidenses. El mandatario ruso habría contestado: "Nosotros invertimos mientras ustedes abandonaron; tomamos los riesgos mientras ustedes imponían sanciones, ahora quieren que compartamos las ganancias. Esto no es negocio, es caridad. Y Rusia no hace caridad a Estados Unidos" (https://www.youtube.com/watch?v=Rv8MimeqaPI.)
Por tanto, el principal y verdadero objetivo del conflicto está perdido para Estados Unidos, pues ha sido legítimamente adjudicado por lapsos de 15 años a empresas de Rusia, potencia nuclear que desarrolló una "flota fantasma" de 1.200 naves para eludir bloqueos y puertos afectos a los estadounidenses. Aparte de que la rehabilitación de las explotaciones requeriría inversiones multimillonarias y prolongados lapsos de puesta en marcha (Piers Morgan Latino: https://www.youtube.com/watch?v=2rSG54FGOc8).
En fin, las afirmaciones de Trump en el sentido de que "yo manejaré su petróleo", y "ustedes están negociando conmigo, no con Venezuela" están siendo cuestionadas por las mismas autoridades estadounidenses. A fines de enero el gobierno de la potencia norteña devolvió a Venezuela el tanquero secuestrado MT Sofía, de bandera panameña, y 300 millones de dólares por la carga de 500 millones que éste transportaba. Los 200 millones restantes no fueron devueltos a Venezuela ni ingresados al Tesoro de Estados Unidos: fueron depositados por los ladrones en cuentas en Qatar, lo cual motivó una interpelación a Marco Rubio sobre el manejo de dichos fondos (Nacho Rodríguez: FALLÓ INVASIÓN! DEVUELVE PETRÓLEO A VZLA. PAGA 300 MDD A DELCY. TRUMP NO AGUANTÓhttps://www.youtube.com/watch?v=cszSUuIZanA). El botín, hasta ahora, no ha ingresado a la potencia que financió la agresión armada.
Para Estados Unidos, Venezuela ha devenido un cascarón vacío, un objetivo económico inalcanzable por el cual no valdría la pena continuar el inútil y costosísimo bloqueo, ni enfrentar un conflicto nuclear con sus competidoras económicas en el área. Analicemos el otro objetivo, el "yo gobierno Venezuela" enunciado por el jactancioso mandatario. Ningún título, ni jurídico, ni constitucional, ningún tratado confiere al mandatario estadounidense ni un ápice de competencia para ejercer poderes públicos en nuestro país.
Tampoco sería factible su ejercicio por la mera fuerza o la intimidación. Obligaciones impuestas por extorsión o violencia no son vinculantes. El poder efectivo sobre un Estado de la talla de Venezuela depende de una compleja agregación de factores geográficos, sociales, económicos, jurídicos, políticos, diplomáticos y culturales en estrecha correlación que no es favorable a la potencia del Norte.
Preguntémonos cuántos efectivos debería destinar Estados Unidos para dominar efectivamente nuestro extenso y accidentado territorio de 916.445 kilómetros cuadrados. Las FANB cuentan con unos 63.000 efectivos, y aun así, como dijo alguna vez Chávez, hay zonas donde la presencia del Estado es débil. Añadamos que los invasores deberían incurrir en gastos incalculables para enfrentar geografía, clima, enfermedades y población local desconocidos o adversos.
La opción clásica para los imperios ocupantes es mandar a través de un gobierno local colaboracionista, manejado por complicidades o amenazas. Difícil sería la escenificación de tal patraña, así como el destino de sus protagonistas. En octubre de 2025, según consulta de Hinterlaces, 83% de los encuestados afirmó que estaría dispuesto a enfrentar una invasión militar extranjera. Solo 6% dijo que no lo haría, y 11% prefirió no responder. Un 89% consideró que el verdadero objetivo de una eventual intervención sería derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo. (https://extranewsmundo.com/encuesta-hinterlaces-83-de-los-venezolanos-afirma-que-estaria-dispuesto-a-enfrentar-una-invasion-militar-extranjera/I. Un irrisorio 6% es el capital político con el cual contaría un gobierno colaboracionista, y ello con reservas, pues "no estar dispuesto a enfrentar" una invasión no equivale a ayudarla.
La amenaza que todavía se cierne sobre nosotros se apoya en el mayor gasto militar del planeta en armas de elevado poder destructivo y complejidad tecnológica. Pero históricamente el aparente poderío estratégico ha sido derrotado por pueblos con armamentos escasos e inferior tecnología. Para 1945 la tercera parte de la población mundial, unos 750 millones de personas, vivía bajo regímenes coloniales. Los imperios que mantenían tal situación eran más fuertes militarmente, más avanzados tecnológicamente y más desarrollados que sus colonias.
Pero el precio estratégico, económico y político de mantenerlas subordinadas se hizo cada vez más incosteable, y desde entonces 80 países han obtenido su independencia. Algunos tras prolongada resistencia contra armamentos superiores, como la India, China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Argelia, Irak, Afganistán. Nunca tecnologías de la muerte vencerán la complejidad y fecundidad de la vida.
TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO
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HABLA PALABRA
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DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García
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Decía Voltaire que "en la guerra de lo que se trata ante todo es del robo". Ello resulta evidente a medida que los hampones asaltantes de Venezuela abandonan las coartadas de su asesinato en masa. En primer lugar, la de la lucha contra la droga. No cabe en cabeza alguna que el mayor consumidor de estupefacientes del mundo trate de arreglar en otros países el problema que no puede o no quiere resolver en el suyo. Venezuela no figura como país productor o traficante de sustancias ilícitas en el Informe Mundial sobre las Drogas de UNODC, en el del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, ni en ninguno de los informes autorizados sobre el tema. El Departamento de Justicia reformuló la acusación contra el secuestrado Presidente Maduro retirando toda alusión al "Cartel de los Soles", en clara admisión de que éste es una invención sin fundamento (https://misionverdad.com/venezuela/eeuu-deshecha-su-propia-creacion-el-cartel-de-los-soles).
Tampoco se invoca el pretexto de que masacrar venezolanos inermes sea forma de imponerles unas "autoridades legítimas" por las cuales nunca votaron. Ni una vez ha mencionado el capo invasor al anodino candidato González Urrutia; tampoco contestaba las llamadas de María Machado, a la cual descalificó como "falta del apoyo y el respeto necesarios", y sólo recibió a escondidas cuando ésta incurrió en el frenesí adulatorio de intentar transferirle el Premio Nobel a cambio de que le transfiriera un país.
En aras de tales falacias el gobierno de Estados Unidos durante un cuarto de siglo ha gastado sumas incalculables para destruir la economía, la sociedad, la población y el gobierno de Venezuela. Con datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) y de la Oficina de Prespuesto del Congreso (CBO), la IA de X estimó el gasto del último bloqueo en 2.000 millones de dólares cada 90 días. Mientras que Copilot, de Microsoft le calcula un costo de 22.000 millones, sin contar imprevistos. Todavía no hay datos sobre el gasto que requirió la invasión del 3 de enero (https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2025/09/12/los-millonarios-gastos-de-eeuu-para-un-cambio-de-regimen-en-venezuela/).
Tampoco disponemos de una contabilidad precisa del monto de los daños causados por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela durante un cuarto de siglo entre intentos de golpe de Estado, paros inducidos con fines políticos, tentativas de magnicidio, financiamiento de oleadas terroristas, robos de activos en el exterior, sabotajes, fallidas invasiones de mercenarios, medidas coercitivas unilaterales, robos de naves y aeronaves, retaliaciones para todo el que comerciara con nosotros, congelación de fondos en el exterior, secuestro de agentes diplomáticos, obstrucción del acceso a medicinas y tratamientos clínicos, bloqueo de todo intercambio económico con el resto del mundo, asesinato de pescadores y destrucción de vidas y activos en un bombardeo sin previa declaración de guerra.
Así llegamos a la hora de la verdad. El 9 de enero de 2026, con manos todavía tintas en sangre, se reunieron en la Casa Blanca hampones de 17 petroleras estadounidenses para la grata tarea de repartirse el botín. Ninguna pagó el exorbitante costo de la invasión: lo asumió el gobierno de Estados Unidos, vale decir, el acosado contribuyente. Ni un solo venezolano, ni María Machado, ni un servidor, fuimos invitados a la rebatiña de nuestro país.
Las reglas de la subasta eran claras. Trump afirmó que su administración decidiría cuáles firmas podrán participar. "Ustedes están negociando conmigo. No están negociando con Venezuela en absoluto. No queremos que ustedes negocien con Venezuela" (Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable': https://www.bbc.com/news/articles/c205dx61x76o). El precio de una nación en la grotesca subasta era de 100 billones (En inglés un billion es mil millones). De golpe, y sin el menor título legítimo, Trump pretendía atribuirse personalmente el gobierno y la riqueza mineral de todo un país ajeno.
Este arrebato tuvo su merecida respuesta: ninguna. Ni una sola de las empresas formuló una oferta. El jefe ejecutivo de la Exxon, Darren Woods, planteó que para reingresar "necesitaríamos muy significativos cambios de lo que hemos visto históricamente y de la situación actual". Vale decir, remodelar el país al gusto de los posibles saqueadores, pues actualmente sería "uninvestable", no apto para invertir.
Se planteaba así el delicado tema de la "seguridad" de las inversiones, sobre el cual escribió Carlos Marx en 1875:
«El capital, dice un redactor de la Quarterly Review, huye de la violencia y la refriega y es de condición tímida. Esto es muy cierto pero no es toda la verdad. El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear dondequiera; 20%, y se pondrá impulsivo; 50%, y llegará positivamente a la temeridad por 100% pisoteará todas las leyes humanas; por 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo de que lo ahorquen. Cuando la turbulencia y la refriega producen ganancias, el capital alentará una y otra. Lo prueban el contrabando y la trata de esclavos» (...) (El Capital, Tomo I, volumen 3 páginas 950 y 951).
El momento culminante estaba sin embargo por llegar. Un inoportuno de los que nunca faltan reveló que la drástica ofensiva de sanciones estadounidenses había impulsado a Venezuela a celebrar contratos con una filial de la petrolera estatal rusa Rosnef por cerca del 45% de los mejores yacimientos de energía fósil del país. De resto sólo quedaban campos en vías de agotamiento o de difícil o muy costosa recuperación. El honesto Trump había tratado de venderles a sus cómplices concesiones ya adjudicadas a terceros. "Esos contratos existen, y serán respetados", terminó por confesar el embaucador, quien sabe que se puede aniquilar países ricos en minerales estratégicos, pero no desconocer compromisos contraídos con potencias nucleares (Piers Morgan Latino: https://www.youtube.com/watch?v=2rSG54FGOc8). Los astutos saqueadores quedaron con un palmo de narices.
No sé qué decir del postulado según el cual un vendepatria es honorable siempre y cuando venda la patria ajena. Mi América del Norte es Tom Payne, Walt Withman, Poe, Mark Twain, Herman Melville, Winsor MCay, 0rson Welles, Hemingway, George Gershwin, Janis Joplin, Richard Feynman, Thomas Pynchon. A ninguno de ellos lo imagino despedazando su país o el de otros para subastar los despojos. Intento imaginar cómo se podría convertir mi tierra natal en "investable". No me sale. Mejor dicho: no me da la gana. Lo mismo ocurre a todos y cada uno de los compatriotas con quienes he hablado desde el 3 de enero de 2026.
Traidores, agentes de potencias foráneas y sicarios con equipos informáticos superiores y armas sofisticadas interfieren las comunicaciones, asesinan decenas de compatriotas, secuestran al Presidente electo, lo difaman, preparan la transición repartiéndose el país a puertas cerradas. El botín no está nada mal: son las reservas de energía fósil más grandes del planeta robadas sin pedir la opinión de su propietario, el pueblo soberano.
Una avalancha humana interrumpe el pillaje y repone a las autoridades legítimas. Blande ante las cámaras su arma secreta: un librito azul llamado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos, desde luego, del 13 de abril de 2002. Dicha Ley Fundamental sigue vigente. Consultémosla.
Cabe la duda de si un mandatario extranjero, que ni siquiera habla nuestro idioma, puede disponer de Venezuela y dictarle políticas a sus autoridades. Al respecto el texto Constitucional dispone: "Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminacin nacional. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos".
La Constitución aclara a quién pertenecen las riquezas minerales que algún mandatario extranjero considera que le hemos "robado" y de las cuales él "se hará cargo" hasta que le parezca oportuno: "Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público."
Preguntémonos si el asesinato sin previa declaratoria de guerra de cerca de un centenar de pescadores inermes y de otro centenar de hermanos es credencial para que pueblo o autoridades colaboren con los invasores en la destrucción de la República. Al respecto nuestra Constitución dispone: "Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".
El mandatario foráneo que ordenó esa serie de asesinatos masivos declara que el petróleo venezolano "le pertenece", y ´se "hará cargo de él", como si el secuestro de un funcionario lo hiciera propietario de bienes que sólo pertenecen a la República, es decir, al pueblo venezolano. A este respecto nuestra Constitución estatuye: "Artículo.156.-Es de la competencia del Poder Público Nacional: 16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido (...)". Y para mayor abundamiento: "Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios bienes de interés público y de carácter estratégico. (...)"..
Si mandatarios y capitales extranjeros rapiñan tales bienes para su exclusiva ventaja personal, por falta de recursos devendrán inaplicables los derechos sociales, económicos, educativos, asistenciales y culturales que la Constitución reconoce a los venezolanos.
¿Será que el bombardeo, la masacre y la violación de nuestro territorio otorga competencia al criminal para imponer medidas contrarias a nuestras leyes y a la Constitución? Al respecto pauta la Ley Fundamental: "Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".
¿Debemos tolerar la usurpación? Nuestra inviolable Ley Fundamental nos contesta: "Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación. (...) Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia."
Hemos sido víctimas de una agresión bélica. Hasta que no se suscriba un Tratado de Paz, no hay relaciones diplomáticas ni se puede pactar acuerdos de ninguna índole con el agresor.
Dicha invasión no fue autorizada por el Senado de Estados Unidos, el cual la rechazó por mayoría de 52 contra 47. En dicho país, 60% de encuestados rechazaban el empleo de fuerza militar para invadir Venezuela, sólo 43% la apoyaban. A fines del año pasado, 94% de los venezolanos se pronunciaban contra una posible intervención militar.
El único efecto jurídico de la repudiable y repudiada invasión, además de la destrucción de vidas y bienes, es el ilegítimo secuestro del Primer Mandatario, la hecatombe de más de dos centenares de compatriotas, y la responsabilidad civil y penal que de tales delitos se deriva. El crimen no engendra derechos, sino castigo.
La Suprema Corte de Estados Unidos acaba de retirar al Presidente gringo el estatuto de inmunidad por actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Ello abre paso a su enjuiciamiento por el Tribunal Supremo por 34 delitos graves, y a su destitución por ellos. El mandatario ha incitado al motín contra las autoridades estadounidenses diciendo que tal decisión es "el comienzo de una guerra civil". En realidad, es el inicio de la anulación de todos los actos de agresión ilegal e inconstitucionalmente perpetrados por el delincuente contra Venezuela. Culminar esa meta en el orden interno es nuestra tarea, nuestro derecho, nuestro deber.
Hay actos que dejan atónita a la opinión mundial por su avilantez, su ilegitimidad, su intrínseca brutalidad. Reiteramos que el ilegal bloqueo y las ejecuciones extrajudiciales contra pescadores violan los artículos 1 y 2 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas; el Estatuto de Roma sobre Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Con mayor razón las viola el rapto de un Presidente y el asesinato a mansalva de venezolanos en su propio territorio..
El secuestro es acto de ilegítima privación de libertad tipificado como punible en todas las legislaciones del mundo. El perpetrarlo contra un alto funcionario no lo excusa. lo agrava, así como la ejecución del magnicidio agrava el delito de homicidio.
Tras cometer tal crimen contrario a las leyes de Venezuela, a las de la comunidad internacional y a las de su propio país, el Presidente Trump declaró, que "ahora manejaremos Venezuela". En su primer mandato afirmó que había que apoderarse del petróleo venezolano, pues era valioso "oro líquido". En el segundo, postuló que le pertenecían "la tierra, el petróleo y los recursos de Venezuela". Son elucubraciones de delincuente, cuyo único propósito es adueñarse de los haberes de su víctima. Nada más equivocado desde la perspectiva legal, política y práctica.
Añadamos que la perspectiva de saquear el "oro líquido" parece haber enmudecido los demás pretextos para agredir a nuestro país. Nadie sataniza como "invasión" el modesto flujo de migrantes venezolanos hacia el Norte. Nadie invoca al imaginario "Cartel de los Soles"; la propia Agencia Central de Inteligencia reconoce que tal organización "no existe". Por ninguna parte aparecen pruebas de supuestos cultivos, laboratorios o embarques de drogas que en realidad se mueven por el Pacífico; mucho menos de fentanilo, que contrabandean otros países. Nadie proclama como "Presidente legítimo" al anodino González Urrutia; Trump no recibe a la señora Machado ni le contesta el teléfono aunque ésta le prometa transferirle el Premio Nobel de la Paz; ante los medios declara que ella "no tiene apoyo" ni "capacidad". Confesión irrecusable de que absolutamente nadie cree que hubieran ganado jamás elección alguna.
Parece que lo único de que se puede acusar a Nicolás Maduro es de presidir un país rico en hidrocarburos. Pero las leyes de Estados Unidos no son aplicables a un ciudadano venezolano por actos efectuados en Venezuela. Las normas estadounidenses son sólo aplicables en su propio territorio, y sus autoridades no tienen competencia ni jurisdicción para actuar fuera de sus límites. Tales leyes tampoco justifican la violación del territorio del Estado soberano de Venezuela, ni el asesinato en él de arriba de un centenar de víctimas inermes o que ejercían su derecho a la legítima defensa, ni el bombardeo, incendio y destrucción de infraestructuras e instalaciones.
Los estadounidenses sólo pueden tomar prisioneros fuera de su territorio en estado de guerra, y es público y notorio que durante el secuestro del Presidente Nicolás Maduro no existía guerra legítimamente declarada entre Venezuela y Estados Unidos, sino ilegal destrucción por fuerzas estadounidenses de lanchas pesqueras y sus tripulantes, y robo de nuestro petróleo trasladado en diversos tanqueros.
Añadamos que, según la Convención de Viena, los presidentes de Estados soberanos gozan de inmunidad diplomática durante el ejercicio de sus funciones.
El secuestro implica responsabilidad penal para sus perpetradores, pero no para sus víctimas, pues el delito no crea derechos para el delincuente. El ilegítimo secuestro de un Presidente no legitima a sus perpetradores para "manejar el país" de la víctima, Ni las leyes de Venezuela, ni las de Estados Unidos, atribuyen ningún tipo de derechos a los secuestradores sobre sus víctimas ni sobre el patrimonio privado o público que éstas administren.
El ilegítimo secuestro violento de un Presidente por efectivos armados de otro país, que ni siquiera fueron autorizados para ello por el
Congreso de éste, no debe ser considerado más que como falta temporal del funcionario, ya que el mismo está vivo y existe la posibilidad de que sea reintegrado a sus funciones, a cuyos efectos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
Artículo 234. °Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.
Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta
Añadamos una reflexión pertinente. ¿Qué futuro aguarda a la comunidad internacional si se acepta que pueden y deben ser secuestrados todos los mandatarios que no agraden al Presidente de una sola potencia?
Una cosa es aniquilar pescadores inermes o secuestrar ciudadanos, y otra obtener el consentimiento de más de treinta millones de compatriotas.
De lo único que los criminales han logrado apoderarse es de la persona física del Presidente, quien ya ha sido sustituido de manera constitucional y temporal por la Presidenta encargada.
Los poderes públicos, las riquezas, el territorio y la población de la República Bolivariana de Venezuela siguen perteneciendo única y exclusivamente a los venezolanos, y no a forajidos foráneos sin otra motivación que apoderarse de lo que no les pertenece.
Por tanto, ningún poder extranjero determina el contenido de nuestras leyes, los actos de ejecución de ellas, ni las sentencias que resuelven las dudas sobre su correcta aplicación, ni en el ejercicio del sufragio ni en los actos de control sobre dichos poderes ejercido por el Poder Moral. Ni una sola de las decisiones de nuestros Poderes Públicos es dictada, ni puede serlo, por delincuentes de otras nacionalidades.
Ni un palmo de territorio de la República Bolivariana de Venezuela está ocupado por un invasor extranjero. Ni un metro de su territorio está actualmente fuera del control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tampoco hay bases militares manejadas por efectivos foráneos. Nuestras leyes se aplican de manera uniforme a lo largo de nuestra extensión territorial. Tampoco está nuestro territorio fragmentado en zonas en las cuales tengan potencias foráneas distintos grados de privilegio o de autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Richard Wolff denunció que a mediados de diciembre ya existía un plan para fragmentar las zonas ricas en minerales de Venezuela entre varios consorcios extranjeros propietarios de sus recursos, y dejar el resto a un gobierno sin ingresos ni medios para el gasto social.
Pero las riquezas y derechos que nuestra Constitución atribuye a la República siguen perteneciendo a ésta, así como las empresas cuya propiedad exclusiva la Ley Fundamental otorga a la Nación.
Cualquier intento de invalidar estos principios sería nulo de toda nulidad; constituiría sólo tentativa de violación de nuestra soberanía y aniquilación de nuestra República, y todos los venezolanos y venezolanas estamos revestidos en consecuencia del deber y el derecho de resistirlo por todas las vías, según lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia
Sólo merece Patria quien la defiende.
Introducing...the Fighting Fascism Podcast!
Aaron Regunberg from All Right, Then, I’ll Go to Hell
I thought about starting this post off with a joke (“Just what the world needs right now, another podcast”), but I’m actually really excited about this project, so I’m just going to be earnest. Today, three friends and I are launching a new podcast, sponsored by The Nation, to help you fight back against fascism.
We’re in a moment that demands not just outrage, but strategy. So this is a show that will look hard at past and present fascist movements, the conditions that enabled them, and—crucially—the resistance movements that defeated them.
Each week, my friends Matt DaSilva, Jonathan Smucker, and I (with the help of our producer, Nik Damants) will sit down with historians, strategists, and activists. We’ll be looking both forward and backward: For example, next week we’re talking with Morris Katz, the lead strategist for Zohran Mamdani’s campaign, on why the Democratic Party keeps fumbling and how to make it stop; after that we’ll interview Eric Rauchway, a leading expert on FDR—America’s original antifascist—on what Roosevelt’s New Deal coalition can teach us about winning.
Today’s episode features Astra Taylor, author of End Times Fascism, and Mark Bray, author of Antifa: The Anti-Fascist Handbook, who joined us for a big picture conversation about what it means to fight fascism in this historical moment. We talked about popular resistance to ICE, tensions between “radical” and “normie” mobilization, how much we all hate AI, and why it shouldn’t actually be that hard to build a majoritarian coalition around the idea that a few dozen creepy billionaires shouldn’t own literally everything on the planet. I really think you’ll enjoy the conversation, and hope you’ll check itout!
And, if I can be so bold as to ask a personal favor: I’d be grateful if you could take five seconds to give the show a rating on your podcast app (Apple or Spotify). Truly, it would mean a lot to me, as this has a big effect on whether people will find the podcast on their feed.
Thanks a million! Oh, and here are a few short clips from today’s episode if you want to get a taste of the discussion:
Astra on Big Tech
Mark on antifascism and art
Me on billionaires
Please consider subscribing, and you can also follow Fighting Fascism on Twitter, Bluesky, and Instagram. Thanks again!
[isn] 3/26: VOF REPORT RELEASE: Family-Based Immigration and Year 1 of Trump 2.0
National Immigrant Solidarity
Network P.O. Box 751 South Pasadena, CA 91031-0751
isn-request@lists.riseup.net
en nombre de
李小轩
Siuhin
VOF REPORT RELEASE: Family-Based Immigration and Year 1 of Trump 2.0
A new report, Family-Based Immigration and Year 1 of Trump 2.0, this afternoon! We'd love to have all our members check it out and amplify it online today, the report link and links to our social media posts are below!
Welcome to our March edition of Amnesty’s Insider Update. I love putting these updates together because, even in unbelievably hard times, there is still good news to share. The pressure we applied months ago is finally moving something. It's slow, it's imperfect, but it is absolutely worth fighting for.
I hope you find it heartening that, no matter what, Amnesty is a steadfast and powerful voice for accountability and human rights. We are 10 million activists and members strong around the world 🌎. We are a megaphone for those who need us and we aren't going anywhere.
See below for some inspiring stories and important ways to take action!
After enduring a harrowing year in ICE custody, Leqaa Kordia, the last Columbia protester held in ICE detention, was just released last week!
Leqaa should never have been detained in the first place. We are inspired by her courage and resilience and we will continue to stand with her until she receives the full justice she deserves.
Thank you for refusing to let her case disappear. You called, you wrote, you organized, you pushed decision-makers, and you kept public attention where it needed to be. Together, we took over 60,000 actions to free Leqaa.
Right now, people are living in fear as masked ICE agents terrorize immigrant communities and rip families apart. The National Guard has been sent into cities across the country. President Trump is using fear and violence as a governing tool with disregard for the law.
Amnesty is participating in No Kings because we know that the most powerful tool we have is our collective voice.
When our rights are under attack, silence is not an option. Join us on March 28th as we remind this president and the world: NO one — no president, no king — is above the law.
People like you sent thousands of letters to Tunisian authorities to secure her freedom, and today we’re so glad to share this message from her daughter:
“Thank you for your messages, and above all for Amnesty’s commitment to this campaign. When injustice becomes daily and brutal, and when you are fighting for your own mother, it’s easy to feel alone... but this campaign reminded me that I was never truly alone.”
The letters and gestures of support repair something. They restore meaning and dignity where everything seems lost.
Thank you to Amnesty for making this possible. You carry our voices to places where they would otherwise have been stifled.”
This month, Amnesty researchers are on the ground documenting federal immigration abuses in three major U.S. cities, including Minneapolis — where Alex Pretti and Renee Good were shot in broad daylight.
The residents in Minneapolis (and in so many other communities) have been terrorized by ICE and federal agents who are carrying out paramilitary-style federal immigration enforcement and acting like the Trump administration’s secret police force, targeting anyone that speaks out, tries to get in the way, or captures their activity.
Help us demand accountability for federal immigration abuses:
Civilians across the Middle East are paying the price for escalating violence following joint U.S. and Israeli attacks on Iran and retaliatory Iranian strikes across the region. Schools, hospitals, homes, airports, and prisons have been hit.
International humanitarian law is clear: direct attacks on civilians and civilian infrastructure are prohibited.
Civilians should never be treated as collateral damage. Their protection must be the top priority — not an afterthought.
We shine a light on injustices wherever and whenever they occur. In a climate of disinformation and misinformation, we are proud to be a source of truth. Read about how our research helps provide context and action on critical human rights issues:
Leqaa Kordia’s case has attracted the attention of New York Mayor Zohran Mamdani, who said he discussed her case with President Donald Trump, and Amnesty International, which had called for her immediate release.
“Expanding militarized enforcement in neighborhoods and promising to build more detention centers (as DeSantis has done) doubles down on a system defined by racism, abuse and dehumanization. It does nothing to keep communities safe. Alligator Alcatraz should be shut down and all new facilities halted.” - Amy Fischer, Amnesty USA Director on Refugee and Migrant Rights
“Aerial attacks impacting schools, medical facilities or residential buildings, as well as the firing of ballistic missiles and other explosive weapons with wide area effects into densely populated areas, raise grave concerns of possible violations of international humanitarian law,” said Agnès Callamard, Secretary General of Amnesty International
The United States is responsible for an attack on an Iranian primary school that killed at least 170 people, most of them children, Amnesty International has said in a new investigation, urging accountability for the assault.
The gendered impact of the legislation has drawn particular scrutiny. Amnesty International highlighted a specific vulnerability the bill creates for married women: with an estimated 140 million Americans lacking a passport, many would need to rely on birth certificates as proof of citizenship — documents that, for the roughly 79 percent of married women who have taken their spouse's last name, no longer reflect their legal name.
I hope these good news stories lifted your spirits and our calls to action inspired you to use your voice and continue the fight to protect human rights for all.
Thank you for being a part of this movement.
Onward🕯️,
Billie Hirsch Director of Online Engagement Amnesty International USA
One of the best ways to protect human rights is by becoming a monthly supporter. Sign up as the newest member of Justice Seekers — our monthly giving community — and your first gift will be 2X matched!
VICKY,TATO,ROSITA,JULIAN.NIEVES Y ALEX AYRESS.ENCUENTRO DE LA HERMANDAD EN CHILE.
BRAVO Y FELICITACIONES A VUESTRA FAMILIA.BRONX,NY.
FRASE: ALBERT EINSTEIN.
hugo rafael mazz
erol_pfinch@mulcs.com.ar.
Date: 15 dic 2025 a las 19:29 Subject: FRASE: ALBERT EINSTEIN To:
“La anarquía económica de la sociedad capitalista tal y como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal.”
Albert Einstein
“Los pueblos que no se conocen —escribía José Martí— han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos”. Y agregaba: “Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.
PELONTRARU y la victoria Mapuche de Curabala (Kvralaf). por MapuExpress. Conocida como la Batalla de Curalaba, ocurrida en las inmediaciones de Lumaco cuyos relatos se refieren al 23 o 24 de diciembre de 1598, que [...leer mas]
El 9 de marzo de 2023, el abogado Mario Vargas pagó con su tarjeta de crédito $12,5 millones a la agencia de viajes chilena, Goes Travel World. Esa operadora turística es la que, según la defensa del ministro Diego Simpertigue, facturó ese mismo mes a él y a su pareja, la notaria Gilda Miranda, el viaje que hicieron en abril de ese año con los abogados Lagos y Vargas. La investigación judicial debe determinar si la compra de esos pasajes fue algún tipo de retribución para el magistrado. Sin mostrar respaldos de pagos, el abogado de Simpertigue señaló a CIPER que el ministro pagó su viaje. Ante el Congreso, el mismo defensor había señalado que Vargas fue quien financió los pasajes con su tarjeta de crédito, pero que luego le reembolsaron. La defensa de Vargas declinó referirse al tema.
Around 150 participants filled both sides of the entrance road to State Correctional Institution (SCI) Mahanoy for a rally on Dec. 9 – the final day of the historic March [...]
Las lluvias invernales agravan la crisis en Gaza, mientras el bloqueo reduce la entrada de camiones de ayuda y profundiza el riesgo humanitario para 1,5 millones de desplazados y desplazadas.
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