Abinader fue condecorado en Miami como “campeón de la democracia”. Ciertamente es campeón en ese deporte fraudulento por recomendación de Marco Rubio y Donald Trump
Pero resulta que la democracia liberal burguesa, referente de democracia utilizado por el orden capitalista actual, no existe ni en EEUU, ni aquí, ni en muchos países que se dicen democráticos.
Dos factores las han mutilado y degradado: las partidocracias y el poder del dinero de las elites capitalistas, o sea las plutocracias.
Una parte de los pueblos, cada vez menos, votan, pero no deciden, y votan en la mayoría de los casos por candidatos que escogen los partidos y el poder del dinero, y no los electores. Una vez triunfadores en las votaciones, las elites capitalistas y las mafias que los financiaron, deciden lo que se hace y lo que no se hace.
Los cargos que desempeñan no son ni de los votantes ni de los funcionarios supuestamente electos, son del gran capital y de los tutumpotes y “jorocones” que lo impusieron; ante fenómenos diferentes, con algo liberalismo real y algo de soberanía, los resultados son embestidos por algo que en USA ha llamado “guerras híbridas”.
La democracia, reducida en el actual contexto del capitalismo pervertido a una mezcla de partidocracia y plutocracia, , equivale a neoliberalismo, privatizaciones, corrupción, tráfico de influencia, desigualdades brutales y dependencia.
En países de economía capitalista débiles, situado en la periferia de grandes potencias, los partidos dominantes y las elites capitalistas, al tiempo de negar la democracia, aplastan el derecho a la igualdad y anulan la soberanía, que es el principal derecho colectivo de los pueblos y la libertad de las naciones a auto-determinarse.
Así las cosas, la democracia es una ficción y un disfraz. Ni en EEUU, ni en Florida, ni en RD impera el reino de la libertad, sino el poder del gran capital. Trump es un neofascista mafioso y el PD y el PR son propiedad de élites capitalistas comprometidas con el racismo, la xenofobia, las guerras, las monarquías y los genocidios
Son gobernantes y partidos asociados al Lobby Sionista y al Complejo Militar de la guerra global, socios de las monarquías árabes…padrinos históricos de tiranías militares, tutores de los representante del fascismo moderno: Zelensky, Milei , Noboa, Bukele, Kast y de todo el espectro conservado y ultraderechista, que le son tan gratos a los Abinader, Hipólito, Leonel, Danilo, Omar y comparsa.
El PRSC, PRD-PRM, PLD-FP son partidos entregados a EEUU y comprados por las transnacionales, la oligarquía capitalista, por mafias y narco-mafias.
Los trabajadores federales protestan contra los ataques a los derechos sindicales y a los empleos públicos.
Los jefes atacaron a los sindicatos en cuanto Trump asumió el cargo, y no han aflojado desde entonces.
En poco más de un año, la administración Trump ha paralizado a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ha despojado de más de un millón de trabajadores federales los derechos de negociación colectiva, ha recortado los salarios de cientos de miles de trabajadores del sector privado con contratos gubernamentales y se ha unido a Elon Musk, Jeff Bezos y otros desmatadadores sindicales en una batalla judicial para abolir la junta laboral por completo.
Es la mayor ofensiva antisindical que el país haya visto jamás.
Paralizando la junta laboral
El primer golpe llegó antes de que Trump estuviera en el cargo una semana. El 27 de enero de 2025, despidió a Gwynne Wilcox, presidenta de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y una de sus tres últimas miembros. Por ley, la junta necesita tres miembros para el quórum. Sin tres, ya no podía actuar.
El golpe recayó sobre el movimiento laboral del sector privado. La NLRB organiza elecciones sindicales, establece normas sobre cargos por prácticas laborales desleales y ordena a los empleadores recontratar a trabajadores despedidos por organizarse en almacenes, hospitales, tiendas minoristas y otros lugares de trabajo privados. Sin quórum, todos los casos se estancaban. Los trabajadores despedidos por organización esperaron 345 días para una decisión final sobre si el despido era legal. Las campañas de organización perdieron el equilibrio. Los jefes podían despedir a los organizadores, retrasar las elecciones y seguir operando mientras los casos permanecían sin hacer frente a la junta.
Trump despidió a Wilcox por opiniones que calificó como "indebidamente desfavorables" a los empleadores — una advertencia para cualquier futuro miembro de la junta sobre el precio de la decisión para los trabajadores. Como asesora jurídica permanente, eligió a Crystal Carey, antigua socia de Morgan Lewis, la firma que defendía a SpaceX frente a la junta laboral. En su audiencia de confirmación, Carey se negó a decir si creía que la NLRB era siquiera constitucional. El propio fiscal jefe de la agencia no prometió defenderlo.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental se sumó más. Un denunciante del departamento de TI de la junta informó que los operativos del DOGE probablemente habían extraído aproximadamente 10 gigabytes de datos sensibles del sistema de gestión de casos — casos en vivo de prácticas laborales desleales, disputas electorales, procedimientos de protección laboral, todos potencialmente comprometidos.
Luego vino el ataque en el tribunal corporativo. El 19 de agosto de 2025, el Quinto Circuito dio luz verde a SpaceX y a otras dos compañías para bloquear los casos de la NLRB en su contra. El tribunal aceptó el argumento corporativo de que la junta laboral en sí misma es inconstitucional. Si esa sentencia se mantiene o se extiende, la junta puede volverse imposible de operar, amenazando el derecho legal a organizarse que decenas de millones de trabajadores del sector privado han tenido desde 1935.
SpaceX se enfrentó a la junta por despedir a trabajadores que firmaron una carta abierta criticando a Musk. Amazon se enfrentó a quejas por su larga guerra contra el Sindicato de Trabajadores de Amazon, el sindicato independiente que ganó unas históricas elecciones en el almacén JFK8 de Staten Island en 2022 y que desde entonces ha luchado contra la lucha contra los sindicatos de Amazon. Musk — el mayor donante de campaña de Trump y jefe del DOGE — dirige empresas que son a su vez objetivo de casos activos en la junta.
La coordinación es directa. Musk, Bezos y los demás monopolistas tecnológicos trabajan a través del gobierno federal y los tribunales: un DOGE que saquea expedientes, una Casa Blanca que despide a miembros de la junta, un Quinto Circuito que podría anular la agencia, y un asesor jurídico general que no defenderá a la agencia que dirige. Están vaciando la tabla de trabajo desde dentro y golpeándola desde fuera al mismo tiempo.
El mayor acto antisindicatos en la historia de EE. UU.
El golpe más visible llegó el 27 de marzo de 2025. Trump firmó una orden ejecutiva que despojó a cientos de miles de trabajadores federales de sus derechos de negociación, recurriendo a las exenciones de seguridad nacional ocultas en la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978.
El historiador laboral de Georgetown, Joseph McCartin, lo calificó como el mayor acto de represión sindical en la historia de Estados Unidos. De la noche a la mañana, el doble de trabajadores federales perdió sus protecciones sindicales que miembros del Sindicato de los Trabajadores del Automóvil. La AFL-CIO rastreó la orden directamente hasta el Proyecto 2025 y afirmó que despojó de derechos de negociación a trabajadores de más de 30 agencias — los trabajadores que rastrean enfermedades, inspeccionan alimentos, protegen la salud pública, gestionan tierras públicas y responden cuando ocurre un desastre.
Un juez federal bloqueó la orden, dictaminando que la administración había desgarrado los derechos sindicales en represalia por los desafíos judiciales de los sindicatos contra los despidos masivos del DOGE, y que la excusa de la "seguridad nacional" era un pretexto. Un tribunal federal de apelaciones levantó ese bloqueo en julio de 2025 y la administración se reanudó.
La administración se intensificó en agosto. Una segunda orden ejecutiva el 28 de agosto de 2025, sumada a una iniciativa anterior para poner fin a la negociación en la Administración de Seguridad en el Transporte, elevó el total al 84,4% de la fuerza laboral federal sindicalizada despojada de derechos — uno de cada 15 trabajadores en el país cubierto por un contrato sindical.
Más de 400.000 trabajadores del Departamento de Asuntos de Veteranos y de la Agencia de Protección Ambiental vieron cómo sus contratos eran anulados. En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió el contrato sindical que cubría a 47.000 trabajadores de la TSA en aeropuertos de todo el país. La cancelación se produjo un día después de que la Cámara aprobara una legislación bipartidista para revocar la orden original de Trump y restaurar los derechos federales de negociación. El momento fue una bofetada deliberada.
En total, las órdenes de Trump han afectado a casi un millón de empleados federales, informa la AFL-CIO.
Recortes salariales, desmantelamiento de la plantilla
El ataque también llegó directamente a trabajadores del sector privado. El 14 de marzo de 2025, la Orden Ejecutiva 14236 revocó el aumento del salario mínimo a 17,75 dólares la hora para los trabajadores con contratos federales. Para algunos trabajadores, el salario mínimo bajó a 13,65 dólares la hora, una reducción de más de 4 dólares. Otros perdieron por completo el salario mínimo de orden ejecutiva, quedándose con la tarifa más baja que se aplicara o el mínimo federal de 7,25 dólares.
La misma orden eliminó la regla de neutralidad sindical en proyectos federales de infraestructuras. Trump recortó salarios, debilitó la influencia sindical y entregó a los contratistas más poder sobre los trabajadores peor pagados que realizaban trabajos financiados por el gobierno.
DOGE, bajo Musk, llevó a cabo un asalto paralelo mediante despidos masivos dirigidos a agencias con mayor densidad sindical. Antes incluso de que comenzaran los despidos formales, unos 175.000 empleados federales fueron obligados a recibir seis meses de permiso remunerado sin empleo al final, apareciendo en las listas de desempleo en octubre de 2025. Los despidos destrozaron al IRS, USAID, la Administración de la Seguridad Social y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Destruyeron servicios de los que dependen los trabajadores y los pobres, mientras debilitaban algunos de los puntos de apoyo sindicales más fuertes dentro del gobierno federal.
El campo era Taft-Hartley
Los jefes no construyeron esto desde cero. Empezaron desde Taft-Hartley.
La Ley de Relaciones Laborales y Directivos de 1947 fue el contraataque de los patrones al levantamiento de la clase trabajadora que ganó la Ley Wagner de 1935 y construyó la CIO. Llegó en pleno apogeo de la militancia laboral de posguerra, cuando los trabajadores demostraron su poder en huelgas que sacudieron industrias enteras.
Taft-Hartley fue escrito para romper ese poder. Prohibió el tipo de solidaridad que permite a los trabajadores de un taller defenderlos en otro. Prohibió boicots secundarios y huelgas de simpatía. Atacó el taller cerrado. Dio a los empleadores más libertad para hacer campaña contra los sindicatos y ayudó a crear la industria de consultoría que sigue prosperando hoy en día. Permitía a los presidentes romper huelgas con órdenes judiciales en nombre de la "salud o seguridad nacional". Y abrió la puerta a leyes de derecho al trabajo, diseñadas para privar a los sindicatos de cuotas, sobre todo en todo el Sur.
Algunos trabajadores nunca fueron admitidos. La administración Roosevelt y los demócratas sureños excluyeron a los trabajadores agrícolas y domésticos de la Ley Wagner de 1935 desde el principio. En el sur, en aquellos años, esos eran los trabajos que la mayoría de los trabajadores negros desempeñaban — jornaleros, aparceros, cocineros, criadas y lavanderos. Dejar fuera la mano de obra agrícola y el servicio doméstico significaba excluir a la mayoría de los trabajadores negros, y la misma exclusión se extendió entre los trabajadores mexicanos y otros oprimidos en la agricultura del suroeste. Taft-Hartley amplió el círculo en 1947, despojando también de cobertura a supervisores y contratistas independientes. El derecho a organizarse se racionaba por raza desde el día en que se le concedió.
Los trabajadores federales quedaron completamente fuera de este sistema. No fue hasta la Orden Ejecutiva 10988 del presidente Kennedy en 1962 cuando obtuvieron el reconocimiento formal del derecho a organizarse. La Ley de Reforma de la Administración Pública de 1978 codificó esos derechos — pero mucho más débiles que la ley del sector privado, y con exenciones de seguridad nacional que la administración Trump está ahora usando como arma.
Ninguna administración demócrata derogó Taft-Hartley. Ningún Congreso restauró el derecho a boicots secundarios, huelgas de simpatía o a un cierre de negocios. Las prohibiciones se mantuvieron. Las leyes de derecho al trabajo se mantivieron. El poder del presidente para romper huelgas se mantuvo — listo para la siguiente ofensiva.
La Confederación Sindical Internacional ya clasificó a Estados Unidos entre los países con "violaciones sistemáticas de derechos" y en 2026 la incluyó por primera vez en su lista de vigilancia de derechos laborales, citando los ataques de Trump contra trabajadores federales, protecciones laborales y trabajadores inmigrantes. En comparación con los trabajadores de otros países industriales importantes, a los trabajadores estadounidenses se les niegan derechos laborales.
El resultado es evidente: en 1983, uno de cada cinco trabajadores estadounidenses tenía tarjeta sindical. Hoy en día, la Oficina de Estadísticas Laborales cuenta con 14,7 millones de miembros sindicales — uno de cada diez trabajadores asalariados y menos de uno de cada 17 en el sector privado. Ese fue el terreno sobre el que Trump construyó su ofensiva.
Beyond the law, into struggle
The paralysis of the labor board left private-sector workers fired for organizing with nowhere to appeal for nearly a year, from the biggest Amazon warehouse to the smallest hospital unit. The Fifth Circuit ruling, if the Supreme Court upholds it, could end the legal right to organize in the private sector. The executive orders stripped a million federal workers of their contracts. DOGE tore the union presence out of the federal workforce. The contractor wage cuts hit the lowest-paid private workers in the country. And a general counsel sits atop the labor board who will not defend it.
For the bosses, the attack buys time: time to fire organizers, stall elections, scare workers and break momentum. For workers, it proves that labor law is no shield when the government, the courts and the corporations move together. It becomes a trap unless workers are organized enough to fight beyond it.
The answer cannot wait for a friendlier administration. The bosses are using every weapon they have — the White House, the courts, the labor board, the budget and the police power of the government. Workers have only one answer strong enough to meet it: organization in struggle. That means solidarity across shops, industries and borders, and the confidence to use the power workers still hold — to withhold their labor at the point of production.
Trabajadores de estadios autorizan huelga antes del Mundial.
Miles de cocineros, lavaplatos, trabajadores de concesiones, camareros y camareros en el SoFi Stadium amenazan con hacer piquetes, citando salarios insuficientes, erosión de empleos y planes de que ICE esté presente en los partidos.
Trabajadores protestan frente al SoFi Stadium antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Inglewood, California, el 18 de mayo de 2026. Los miembros del Local 11 de Unite Here están luchando para mantener a ICE fuera de su lugar de trabajo durante el torneo.
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México Fuera de lugar: Exposición y micrositio sobre el Mundial desde sus márgenes.
Qué hacer cuando entre en efecto plan de Trump sobre la inmigración.Por Marco Vinicio González....,
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