8 DE ENERO DE 2026.
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Chile.8 DE ENERO DE 2026
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8 DE ENERO DE 2026
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Diez mandamientos para salvar la vida en este planeta X Michael Löwy.
V.
Nunca opondrás lo social a lo ecológico. Intentarás, por todos los
medios, favorecer la convergencia entre las luchas sociales y ecológicas....
Nos
acompaña el exministro de Cultura de Cuba y Presidente de Casa de las
Américas para conversar sobre Fidel Castro y su concepción de la cultura
como parte esencial del proyecto revolucionario.....R.Dominicana: Plataforma invasora x Narciso Isa Conde.
8 DE ENERO DE 2026.
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LA HABANA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025.ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA.
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11-12-2025
Por Paulina Toro, Catalina Olate y Gabriela Pizarro
El 9 de marzo de 2023, el abogado Mario Vargas pagó con su tarjeta de crédito $12,5 millones a la agencia de viajes chilena, Goes Travel World. Esa operadora turística es la que, según la defensa del ministro Diego Simpertigue, facturó ese mismo mes a él y a su pareja, la notaria Gilda Miranda, el viaje que hicieron en abril de ese año con los abogados Lagos y Vargas. La investigación judicial debe determinar si la compra de esos pasajes fue algún tipo de retribución para el magistrado. Sin mostrar respaldos de pagos, el abogado de Simpertigue señaló a CIPER que el ministro pagó su viaje. Ante el Congreso, el mismo defensor había señalado que Vargas fue quien financió los pasajes con su tarjeta de crédito, pero que luego le reembolsaron. La defensa de Vargas declinó referirse al tema.
A DIFERENCIA DEL CRIMEN DEL TENIENTE OJEDA, VÍCTIMA HABRÍA TENIDO NEXOS CON LA ORGANIZACIÓN DELICTUAL
Desbaratan grupo del Tren de Aragua que contaba con exmilitares venezolanos: asesinaron en Arica a otro exuniformado de su país.
Por Equipo CIPER

Historic 12-day March for Mumia ends at SCI Mahanoy
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31 de diciembre de 2025

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30 de diciembre de 2025Ariana Figueroa / StatelineWASHINGTON — Desde el Día de la Investidura, más de 1,5 millones de inmigrantes han perdido o perderán su estatus legal temporal, incluidas sus autorizaciones de trabajo y protecciones contra la deportación, debido a la agresiva revocación de la inmigración legal por parte del presidente Donald Trump.
Es la pérdida de estatus legal más rápida para inmigrantes en la historia reciente de Estados Unidos, dijeron expertos en política migratoria a States Newsroom. La administración Trump limitó la inmigración legal al terminar el Estatus de Protección Temporal para más de un millón de inmigrantes y poner fin a las protecciones de la Libertad Condicional Humanitaria para medio millón de personas más.
"No creo que hayamos visto nunca, como país, a tanta gente perder su estatus migratorio de golpe", dijo Julia Gelatt, directora adjunta del Programa de Política Migratoria de EE. UU. en el Migration Policy Institute.
La medida de privar a tantos inmigrantes de su autorización de trabajo probablemente no solo afectará a las comunidades, sino que también golpeará la economía, dijeron expertos en inmigración y economía a States Newsroom.
"Ver a más de un millón de personas perder su autorización de trabajo en un solo año es un evento realmente enorme que tiene efectos dominó para empleadores, comunidades, familias y también para nuestra economía", dijo Gelatt.
Decenas de demandas han sido presentadas por grupos de derechos de inmigrantes y los propios beneficiarios del TPS impugnando los despidos por considerarlos ilegales.
"Esto es la continuación del ataque de la administración Trump contra la comunidad inmigrante, y específicamente contra el programa TPS, un programa que, para muchos de nosotros, ha sido un buen programa, un programa que salva vidas", dijo José Palma, beneficiario del TPS por El Salvador y coordinador de la Alianza Nacional TPS, que forma parte de varias demandas contra TPS.
¿A quién se le concede el Estatus de Protección Temporal?
La designación TPS se otorga porque el país de origen de un nacional se considera demasiado peligroso para regresar debido a violencia, guerra, desastres naturales u otra condición inestable.
Cuando el Congreso creó el programa en 1990, inicialmente se pretendía que fuera temporal, por lo que las autorizaciones pueden ser tan cortas como seis meses y tan largas hasta 18 meses.
Los inmigrantes a los que se les concede el TPS deben pasar por controles de antecedentes y ser evaluados cada vez que se renueva su estatus, pero el programa no ofrece una vía hacia la ciudadanía.
Bajo la administración Biden, el número de beneficiarios del TPS creció, al igual que la categoría de libertad condicional humanitaria.
Esa decisión política fue duramente criticada por los republicanos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió reevaluar las designaciones de países del TPS para terminaciones durante su audiencia de confirmación en el Senado este año.
"Este programa ha sido abusado y manipulado por la administración Biden, y eso ya no estará permitido", dijo Noem durante su audiencia.La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegará para una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado el 8 de mayo de 2025. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)
Antes de que la administración Trump asumiera el cargo a finales de enero, había más de 1,3 millones de inmigrantes en el programa TPS, procedentes de 17 países. Bajo la primera administración Trump, hubo aproximadamente 400.000 beneficiarios del TPS.
"Casi un millón de personas nuevas accedieron a las protecciones del TPS bajo el presidente Biden, así que vimos una expansión realmente rápida, y ahora estamos viendo una contracción muy rápida, lo que significa que en la primera administración Trump no había tantas personas con TPS", dijo Gelatt.
Noem ha terminado el TPS para inmigrantes de 11 países, y los más de un millón de inmigrantes afectados perderán sus protecciones para febrero.
Noem amplió la protección de seis meses para Sudán del Sur a principios de este año, pero decidió en noviembre terminar las protecciones para enero. Recientemente terminó una designación TPS para Etiopía el 12 de diciembre.
Los otros países con la terminación del TPS son Afganistán, Birmania, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela.

"Nunca hemos visto a tanta gente perder su estatus legal en la historia de Estados Unidos", dijo David Bier, director de estudios migratorios del Cato Institute, un think tank libertario. "Esto es totalmente sin precedentes."
Las personas que pierden su estatus también se concentran en ciertas zonas. Florida tiene más de 400.000 beneficiarios del TPS, y Texas tiene casi 150.000. Bier dijo que espera que ciertas industrias con un alto número de trabajadores con TPS sientan el impacto, como la construcción y la sanidad.

Haití, Venezuela
Los inmigrantes de dos países —Haití y Venezuela— constituyen la mayoría de los beneficiarios que perderán sus protecciones del TPS, con casi 935.000 personas.
Los venezolanos, que constituyen 605.000 de esos 935.000 beneficiarios del TPS, recibieron protecciones por primera vez durante el primer mandato de Trump.
En su último día en el cargo, en 2021, su administración emitió protecciones de deportación de 18 meses para venezolanos —conocidas como Salida Diferida de Ejecución, o DED— citando el inestable gobierno del país bajo el presidente Nicolás Maduro.
"A través de la fuerza y el fraude, el régimen de Maduro es responsable de la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental en la memoria reciente", según el memorando del 19 de enero de 2021. "Una crisis económica catastrófica y la escasez de bienes básicos y medicinas han obligado a unos cinco millones de venezolanos a huir del país, a menudo en condiciones peligrosas."
Tras la designación DED de 18 meses de la administración Trump, la administración Biden emitió la designación TPS para los venezolanos que llegaron a EE. UU. en 2021 y de nuevo en 2023. La medida creó dos grupos TPS separados para los venezolanos.
"La conclusión es que eliminar a los 935.000 venezolanos y haitianos haría que toda la economía se contrayera en más de 14.000 millones de dólares", dijo Michael Clemens, profesor del Departamento de Economía de la Universidad George Mason.
Añadió que no todos los beneficiarios del TPS están en el mercado laboral. Algunos son niños o personas mayores que no pueden trabajar. Clemens dijo que la población laboral de la TPS, compuesta por haitianos y venezolanos, es de unos 400.000.

Programa de Parole Humanitaria
Por otro lado, bajo la administración Biden, casi 750.000 inmigrantes tenían algún tipo de libertad condicional humanitaria, lo que les otorgaba trabajo y estatus legal temporal debido a la guerra de Rusia en Ucrania o a los esfuerzos de la administración para gestionar la migración masiva desde países centroamericanos.
El DHS ha movido la finalización de la libertad condicional humanitaria para 532.000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, abriéndolos para procedimientos de deportación.
"La avalancha de ataques que hemos visto contra formas temporales de estatus migratorio, específicamente con un enfoque humanitario, es realmente triste y preocupante", dijo Alice Barrett, abogada supervisora de inmigración en el grupo de derechos de los inmigrantes CASA.
No todos los destinatarios se han visto afectados. La agencia ha mantenido libertad condicional humanitaria para 140.000 ucranianos que llegaron a Estados Unidos tras la invasión rusa en 2022, y para 76.000 afganos que fueron traídos tras la caótica retirada estadounidense de su país.
Pero desde el tiroteo de la Guardia Nacional el mes pasado en Washington, D.C., supuestamente a manos de un ciudadano afgano al que se le concedió asilo, el programa está bajo un mayor escrutinio y toda la documentación relacionada con la inmigración de afganos ha sido detenida.
Decisiones judiciales influyentes
No es la primera vez que la administración Trump intenta acabar con el TPS.
Durante el primer mandato del presidente, intentó acabar con el TPS para Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán, pero los tribunales bloquearon esos intentos en 2018.
Esta vez es diferente, dijo Palma de la alianza Nacional TPS.
"Lo único diferente ahora mismo es que el Tribunal Supremo permite que la administración Trump continúe con la terminación del TPS, aunque los tribunales inferiores estén diciendo: 'No, deberíamos detener la cancelación del TPS por ahora, hasta que quede claro si la decisión fue ilegal o no'", dijo.
Hasta ahora, en apelaciones de emergencia, el tribunal supremo ha permitido que la administración Trump avance en la eliminación del estatus legal para los dos grupos venezolanos de beneficiarios del TPS y personas incluidas en el programa de libertad condicional humanitaria.
Barrett, de CASA, que lidera el desafío legal de la terminación del TPS para Camerún y Afganistán, dijo que, en lo que respecta a la terminación del TPS, "lo que estamos viendo en la segunda administración Trump es una versión potenciada de lo que vimos en la primera administración Trump."
"Esencialmente, durante esta administración estamos viendo que ocurren más despidos reales al principio, incluso mientras el litigio está pendiente, lo cual sin duda ha sido decepcionante para los miembros de la comunidad, porque siguen en este limbo", dijo.
Barrett añadió que, incluso cuando los beneficiarios del TPS intentan solicitar un estatus legal a largo plazo, se enfrentan a múltiples obstáculos.
"Por ejemplo, los estamos viendo interrogados o denegados en las entrevistas de asilo porque no solicitaron asilo en el plazo de un año desde su entrada en Estados Unidos, aunque el Código de Regulaciones Federales crea claramente una excepción a este plazo de un año para personas que hayan tenido otro estatus válido antes de solicitar asilo, dijo Barrett.
"Estos miembros de nuestra comunidad que han estado en estatus legal ahora corren el riesgo de ser sometidos a procedimientos de expulsión e incluso a detención (de Inmigración y Control de Aduanas), donde las condiciones son cada vez más inhumanas y peligrosas", continuó.
Los beneficiarios del TPS siguen luchando en los tribunales y compartiendo sus historias, dijo Barrett.
"Estos casos aún están en curso, y seguimos con la esperanza de que, a pesar de las sentencias preliminares que dejan a tantas personas trabajadoras y sus familias en un estado de incertidumbre, tras una revisión exhaustiva y litigio de estos casos, los tribunales reconocerán la naturaleza inapropiada de los recientes despidos del TPS y restablecerán el estatus para quienes buscan seguridad aquí en Estados Unidos, dijo ella.
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31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Crisis en Gaza: 1,5 millones de personas desplazadas ante desastre por lluvias
Las lluvias invernales agravan la crisis en Gaza, mientras el bloqueo reduce la entrada de camiones de ayuda y profundiza el riesgo humanitario para 1,5 millones de desplazados y desplazadas.
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En esta elección los chilenos no sólo elegirán al sucesor de Gabriel Boric en La Moneda, sino que también tienen la opción de validar el pinochetismo al más alto nivel político o desechar el anticomunismo impulsado por el poder desde hace casi un siglo.
Estibadores de Europa y el Mediterráneo convocan una huelga contra la economía de guerra
Estibadores de Europa y el Mediterráneo convocan una huelga contra la economía de guerra para el 6 de febrero
30 de diciembre de 2025
En un contexto de creciente militarización en el viejo continente, los sindicatos de estibadores y trabajadores portuarios de Europa y el Mediterráneo han lanzado una convocatoria internacional de huelga y movilización. Esta jornada de protesta, programada para el próximo 6 de febrero, busca rechazar cualquier complicidad en el transporte de armas y material bélico, al tiempo que se opone firmemente a las consecuencias devastadoras de la «economía de guerra» en los derechos laborales y la paz.
Esta iniciativa surge de la declaración firmada por varios sindicatos el 26 de septiembre en Génova, titulada “Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra”. En este documento, los firmantes reafirman su compromiso con demandas clave, como poner fin al genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel —con el apoyo explícito de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea (UE)—, la apertura de corredores humanitarios estables, el rechazo al plan de rearme de la UE y la reivindicación de los puertos europeos y mediterráneos como espacios de paz.
Según el comunicado emitido por las organizaciones sindicales, el genocidio en Palestina continúa, al igual que numerosas guerras en otras regiones. Ahora, es evidente que los planes de rearme exigen la militarización de los puertos y las infraestructuras estratégicas, esenciales para los preparativos bélicos. Estos planes son bien recibidos por armadores y operadores de terminales, ya que impulsan la automatización, la reducción de plantillas y la erosión de las libertades sindicales. Además, la economía de guerra está recortando salarios, derechos y protecciones en materia de salud y seguridad para los trabajadores portuarios, incluyendo la reducción de la jornada laboral.
“La paz ha terminado”, es la frase que resuena en los discursos de la mayoría de los gobiernos europeos, según denuncian los sindicatos. Ante esta realidad, los estibadores y trabajadores portuarios de toda Europa y el Mediterráneo se comprometen a manifestarse y hacer huelga el 6 de febrero, recurriendo a todas las formas de acción posibles.
Los organizadores quieren garantizar que los puertos europeos y mediterráneos sean lugares de paz, libres de cualquier implicación en conflictos armados. Para ello, hacen un llamamiento a bloquear todos los envíos de armas desde estos puertos hacia zonas de guerra.
Los sindicatos se oponen al plan de militarización impulsado por la UE y consideran urgente detener los inminentes proyectos de los gobiernos europeos para militarizar puertos e infraestructuras estratégicas. Los trabajadores portuarios denuncian que los planes de rearme son la puerta de entrada a una mayor privatización y automatización de los puertos, y advierten sobre los efectos negativos de la economía de guerra en los salarios, los derechos laborales y las condiciones de salud y seguridad.
Las organizaciones firmantes extienden este llamado a todos los sindicatos portuarios europeos, mediterráneos e internacionales que compartan estas preocupaciones, invitándolos a unirse a la jornada de protesta. Hasta el momento, se han adherido a esta iniciativa la Unione Sindacale di Base (Italia), Enedep (Grecia), la Organización Democrática del Trabajo de Marruecos, Liman-Is (Turquía) y LAB (País Vasco).
Esta jornada representa un paso significativo en la resistencia sindical contra la militarización y la economía de guerra, destacando el rol crucial de los puertos como nodos estratégicos en la cadena global de suministro. Los sindicatos enfatizan que los trabajadores no serán cómplices de conflictos que perpetúan la violencia y el sufrimiento humano, priorizando en cambio la paz, la justicia y la defensa de los derechos laborales.
Fuente: Nueva Revolución.
también editado y en difusión: https://argentina.indymedia.org/























