Ante el presidente Donald Trump aparentemente dormido, los de San Antonio obtuvieron su primera victoria de las Finales y la consiguieron en Nueva York
De: Felipe Portales<lfportales@gmail.com> Date: lun, 8 jun 2026 a las 0:02 Subject: ESPAÑA: MUJERES PIDEN IGUALDAD DE DERECHOS EN LA IGLESIA CATÓLICA To: Felipe Portales <lfportales@gmail.com>
Abinader fue condecorado en Miami como “campeón de la democracia”. Ciertamente es campeón en ese deporte fraudulento por recomendación de Marco Rubio y Donald Trump
Pero resulta que la democracia liberal burguesa, referente de democracia utilizado por el orden capitalista actual, no existe ni en EEUU, ni aquí, ni en muchos países que se dicen democráticos.
Dos factores las han mutilado y degradado: las partidocracias y el poder del dinero de las elites capitalistas, o sea las plutocracias.
Una parte de los pueblos, cada vez menos, votan, pero no deciden, y votan en la mayoría de los casos por candidatos que escogen los partidos y el poder del dinero, y no los electores. Una vez triunfadores en las votaciones, las elites capitalistas y las mafias que los financiaron, deciden lo que se hace y lo que no se hace.
Los cargos que desempeñan no son ni de los votantes ni de los funcionarios supuestamente electos, son del gran capital y de los tutumpotes y “jorocones” que lo impusieron; ante fenómenos diferentes, con algo liberalismo real y algo de soberanía, los resultados son embestidos por algo que en USA ha llamado “guerras híbridas”.
La democracia, reducida en el actual contexto del capitalismo pervertido a una mezcla de partidocracia y plutocracia, , equivale a neoliberalismo, privatizaciones, corrupción, tráfico de influencia, desigualdades brutales y dependencia.
En países de economía capitalista débiles, situado en la periferia de grandes potencias, los partidos dominantes y las elites capitalistas, al tiempo de negar la democracia, aplastan el derecho a la igualdad y anulan la soberanía, que es el principal derecho colectivo de los pueblos y la libertad de las naciones a auto-determinarse.
Así las cosas, la democracia es una ficción y un disfraz. Ni en EEUU, ni en Florida, ni en RD impera el reino de la libertad, sino el poder del gran capital. Trump es un neofascista mafioso y el PD y el PR son propiedad de élites capitalistas comprometidas con el racismo, la xenofobia, las guerras, las monarquías y los genocidios
Son gobernantes y partidos asociados al Lobby Sionista y al Complejo Militar de la guerra global, socios de las monarquías árabes…padrinos históricos de tiranías militares, tutores de los representante del fascismo moderno: Zelensky, Milei , Noboa, Bukele, Kast y de todo el espectro conservado y ultraderechista, que le son tan gratos a los Abinader, Hipólito, Leonel, Danilo, Omar y comparsa.
El PRSC, PRD-PRM, PLD-FP son partidos entregados a EEUU y comprados por las transnacionales, la oligarquía capitalista, por mafias y narco-mafias.
“Esto no es cierto, ministro”: Gajardo deja pagando a Quiroz por defensa del secreto bancario.
por Leonardo Buitrago/El Ciudadano.
El exfiscal Carlos Gajardo desmintió al ministro de Hacienda y señaló que “existen diversos casos en que la ley permite levantar el secreto bancario sin orden del juez”
“Esto no es cierto, ministro”, afirmó el exfiscal Carlos Gajardo al rebatir los dichos del titular de Hacienda, Jorqe Quiroz, en los que indicó que «el levantamiento del secreto bancario es siempre con una orden judicial«.
Según explicó Gajardo en un mensaje compartido en sus redes sociales “existen diversos casos en que la ley permite levantar el secreto bancario sin orden del juez”.
Planteó que las operaciones sospechosas deben ser reportadas por el banco a la Unidad de Análisis Financiero: así como los saldos cuando se exceden las 1.500 Unidades de Fomento (UF) —alrededor de $60.000.000—tal como establece la Ley 21.453. Mientras que la Ley 21.713 e obliga a las instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) si una cuenta recibe más de 50 transferencias en un mes.
«Operación Tokio» y la flexibilización del secreto bancario para combatir el crimen organizado
Cabe recordar que el levantamiento del secreto bancario ha sido un tema clave dentro de la opinión pública y cobró más fuerza después de que se desbaratara una red de lavado de dinero vinculada con el Tren de Aragua y un ejecutivo del Banco Santander,
La denominada «Operación Tokio» realizada el pasado martes por la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones se llevó a cabo en el marco de una investigación originada en 2024 durante las diligencias por un quíntuple homicidio perpetrado en Lampa.
En esa oportunidad, los efectivos de la PDI encontraron el celular de uno de los involucrados -integrante del Tren de Aragua-, donde estaba registrado el contacto del ejecutivo de la entidad bancaria, junto con numerosa evidencia de movimientos ilícitos.
De acuerdo a lo informado hasta ahora, se habrían detectado millonarios traspasos de dinero hacia otros países, por más de 78 mil millones de pesos, recursos que procederían de actividades criminales del Tren de Aragua en Chile, tales como trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones a dueños de locales del Barrio Bellavista, contrabando de vehículos y tráfico de drogas.
Ante este escenario, el exfiscal Gajardo reiteró la necesidad urgente de que Chile avance hacia una flexibilización del secreto bancario
«Si queremos combatir en serio el crimen organizado hay que flexibilizar el secreto bancarioespecialmente en la fase previa a cargo de la UAF (Unidad de Análisis Financiero)», afirmó en su cuenta de la red social X.
Tramitación de Ley en el Senado
El planteamiento del expersecutor cobró relevancia ya que en el Senado se está tramitando un proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado.
Esta iniciativa incluye una disposición que permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales.
En específico, esta norma permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, en el supuesto investigativo antes señalado.
Durante la sesión del miércolesla derecha votó en bloque en contra de esta disposición. y según indicó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, el presidente José Antonio Kast, por intermedio del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, habría solicitado votar el artículo por separado, logrando un empate de 23 votos, situación que deberá ser resuelta en la próxima sesión prevista para el próximo martes.
Sin embargo, el ministro Quiroz reveló este jueves que desde La Moneda contemplan la posibilidad de presentar, en paralelo, un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario.
En declaraciones a la prensa a la salida de la comisión de Salud del Senado, el secretario de Estado indicó que para la administración de Kast, «el levantamiento secreto bancario es siempre con una orden judicial y siempre queda bajo el ámbito del Poder Judicial«, descartando que se lleve a cabo por la vía administrativa.
“Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa. Sin perjuicio de ello», afirmó en declaraciones recogidas por Bio Bío Chile.
«Lapotestad última para el conocimiento del secreto bancario es siempre el Poder Judicial», enfatizó, gatillando el desmentido del exfiscal Gajardo y las críticas de los parlamentarios de oposición que cuestionan la necesidad de crear otra iniciativa cuando ya se está votando una en el Senado.
Los trabajadores federales protestan contra los ataques a los derechos sindicales y a los empleos públicos.
Los jefes atacaron a los sindicatos en cuanto Trump asumió el cargo, y no han aflojado desde entonces.
En poco más de un año, la administración Trump ha paralizado a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ha despojado de más de un millón de trabajadores federales los derechos de negociación colectiva, ha recortado los salarios de cientos de miles de trabajadores del sector privado con contratos gubernamentales y se ha unido a Elon Musk, Jeff Bezos y otros desmatadadores sindicales en una batalla judicial para abolir la junta laboral por completo.
Es la mayor ofensiva antisindical que el país haya visto jamás.
Paralizando la junta laboral
El primer golpe llegó antes de que Trump estuviera en el cargo una semana. El 27 de enero de 2025, despidió a Gwynne Wilcox, presidenta de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y una de sus tres últimas miembros. Por ley, la junta necesita tres miembros para el quórum. Sin tres, ya no podía actuar.
El golpe recayó sobre el movimiento laboral del sector privado. La NLRB organiza elecciones sindicales, establece normas sobre cargos por prácticas laborales desleales y ordena a los empleadores recontratar a trabajadores despedidos por organizarse en almacenes, hospitales, tiendas minoristas y otros lugares de trabajo privados. Sin quórum, todos los casos se estancaban. Los trabajadores despedidos por organización esperaron 345 días para una decisión final sobre si el despido era legal. Las campañas de organización perdieron el equilibrio. Los jefes podían despedir a los organizadores, retrasar las elecciones y seguir operando mientras los casos permanecían sin hacer frente a la junta.
Trump despidió a Wilcox por opiniones que calificó como "indebidamente desfavorables" a los empleadores — una advertencia para cualquier futuro miembro de la junta sobre el precio de la decisión para los trabajadores. Como asesora jurídica permanente, eligió a Crystal Carey, antigua socia de Morgan Lewis, la firma que defendía a SpaceX frente a la junta laboral. En su audiencia de confirmación, Carey se negó a decir si creía que la NLRB era siquiera constitucional. El propio fiscal jefe de la agencia no prometió defenderlo.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental se sumó más. Un denunciante del departamento de TI de la junta informó que los operativos del DOGE probablemente habían extraído aproximadamente 10 gigabytes de datos sensibles del sistema de gestión de casos — casos en vivo de prácticas laborales desleales, disputas electorales, procedimientos de protección laboral, todos potencialmente comprometidos.
Luego vino el ataque en el tribunal corporativo. El 19 de agosto de 2025, el Quinto Circuito dio luz verde a SpaceX y a otras dos compañías para bloquear los casos de la NLRB en su contra. El tribunal aceptó el argumento corporativo de que la junta laboral en sí misma es inconstitucional. Si esa sentencia se mantiene o se extiende, la junta puede volverse imposible de operar, amenazando el derecho legal a organizarse que decenas de millones de trabajadores del sector privado han tenido desde 1935.
SpaceX se enfrentó a la junta por despedir a trabajadores que firmaron una carta abierta criticando a Musk. Amazon se enfrentó a quejas por su larga guerra contra el Sindicato de Trabajadores de Amazon, el sindicato independiente que ganó unas históricas elecciones en el almacén JFK8 de Staten Island en 2022 y que desde entonces ha luchado contra la lucha contra los sindicatos de Amazon. Musk — el mayor donante de campaña de Trump y jefe del DOGE — dirige empresas que son a su vez objetivo de casos activos en la junta.
La coordinación es directa. Musk, Bezos y los demás monopolistas tecnológicos trabajan a través del gobierno federal y los tribunales: un DOGE que saquea expedientes, una Casa Blanca que despide a miembros de la junta, un Quinto Circuito que podría anular la agencia, y un asesor jurídico general que no defenderá a la agencia que dirige. Están vaciando la tabla de trabajo desde dentro y golpeándola desde fuera al mismo tiempo.
El mayor acto antisindicatos en la historia de EE. UU.
El golpe más visible llegó el 27 de marzo de 2025. Trump firmó una orden ejecutiva que despojó a cientos de miles de trabajadores federales de sus derechos de negociación, recurriendo a las exenciones de seguridad nacional ocultas en la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978.
El historiador laboral de Georgetown, Joseph McCartin, lo calificó como el mayor acto de represión sindical en la historia de Estados Unidos. De la noche a la mañana, el doble de trabajadores federales perdió sus protecciones sindicales que miembros del Sindicato de los Trabajadores del Automóvil. La AFL-CIO rastreó la orden directamente hasta el Proyecto 2025 y afirmó que despojó de derechos de negociación a trabajadores de más de 30 agencias — los trabajadores que rastrean enfermedades, inspeccionan alimentos, protegen la salud pública, gestionan tierras públicas y responden cuando ocurre un desastre.
Un juez federal bloqueó la orden, dictaminando que la administración había desgarrado los derechos sindicales en represalia por los desafíos judiciales de los sindicatos contra los despidos masivos del DOGE, y que la excusa de la "seguridad nacional" era un pretexto. Un tribunal federal de apelaciones levantó ese bloqueo en julio de 2025 y la administración se reanudó.
La administración se intensificó en agosto. Una segunda orden ejecutiva el 28 de agosto de 2025, sumada a una iniciativa anterior para poner fin a la negociación en la Administración de Seguridad en el Transporte, elevó el total al 84,4% de la fuerza laboral federal sindicalizada despojada de derechos — uno de cada 15 trabajadores en el país cubierto por un contrato sindical.
Más de 400.000 trabajadores del Departamento de Asuntos de Veteranos y de la Agencia de Protección Ambiental vieron cómo sus contratos eran anulados. En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió el contrato sindical que cubría a 47.000 trabajadores de la TSA en aeropuertos de todo el país. La cancelación se produjo un día después de que la Cámara aprobara una legislación bipartidista para revocar la orden original de Trump y restaurar los derechos federales de negociación. El momento fue una bofetada deliberada.
En total, las órdenes de Trump han afectado a casi un millón de empleados federales, informa la AFL-CIO.
Recortes salariales, desmantelamiento de la plantilla
El ataque también llegó directamente a trabajadores del sector privado. El 14 de marzo de 2025, la Orden Ejecutiva 14236 revocó el aumento del salario mínimo a 17,75 dólares la hora para los trabajadores con contratos federales. Para algunos trabajadores, el salario mínimo bajó a 13,65 dólares la hora, una reducción de más de 4 dólares. Otros perdieron por completo el salario mínimo de orden ejecutiva, quedándose con la tarifa más baja que se aplicara o el mínimo federal de 7,25 dólares.
La misma orden eliminó la regla de neutralidad sindical en proyectos federales de infraestructuras. Trump recortó salarios, debilitó la influencia sindical y entregó a los contratistas más poder sobre los trabajadores peor pagados que realizaban trabajos financiados por el gobierno.
DOGE, bajo Musk, llevó a cabo un asalto paralelo mediante despidos masivos dirigidos a agencias con mayor densidad sindical. Antes incluso de que comenzaran los despidos formales, unos 175.000 empleados federales fueron obligados a recibir seis meses de permiso remunerado sin empleo al final, apareciendo en las listas de desempleo en octubre de 2025. Los despidos destrozaron al IRS, USAID, la Administración de la Seguridad Social y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Destruyeron servicios de los que dependen los trabajadores y los pobres, mientras debilitaban algunos de los puntos de apoyo sindicales más fuertes dentro del gobierno federal.
El campo era Taft-Hartley
Los jefes no construyeron esto desde cero. Empezaron desde Taft-Hartley.
La Ley de Relaciones Laborales y Directivos de 1947 fue el contraataque de los patrones al levantamiento de la clase trabajadora que ganó la Ley Wagner de 1935 y construyó la CIO. Llegó en pleno apogeo de la militancia laboral de posguerra, cuando los trabajadores demostraron su poder en huelgas que sacudieron industrias enteras.
Taft-Hartley fue escrito para romper ese poder. Prohibió el tipo de solidaridad que permite a los trabajadores de un taller defenderlos en otro. Prohibió boicots secundarios y huelgas de simpatía. Atacó el taller cerrado. Dio a los empleadores más libertad para hacer campaña contra los sindicatos y ayudó a crear la industria de consultoría que sigue prosperando hoy en día. Permitía a los presidentes romper huelgas con órdenes judiciales en nombre de la "salud o seguridad nacional". Y abrió la puerta a leyes de derecho al trabajo, diseñadas para privar a los sindicatos de cuotas, sobre todo en todo el Sur.
Algunos trabajadores nunca fueron admitidos. La administración Roosevelt y los demócratas sureños excluyeron a los trabajadores agrícolas y domésticos de la Ley Wagner de 1935 desde el principio. En el sur, en aquellos años, esos eran los trabajos que la mayoría de los trabajadores negros desempeñaban — jornaleros, aparceros, cocineros, criadas y lavanderos. Dejar fuera la mano de obra agrícola y el servicio doméstico significaba excluir a la mayoría de los trabajadores negros, y la misma exclusión se extendió entre los trabajadores mexicanos y otros oprimidos en la agricultura del suroeste. Taft-Hartley amplió el círculo en 1947, despojando también de cobertura a supervisores y contratistas independientes. El derecho a organizarse se racionaba por raza desde el día en que se le concedió.
Los trabajadores federales quedaron completamente fuera de este sistema. No fue hasta la Orden Ejecutiva 10988 del presidente Kennedy en 1962 cuando obtuvieron el reconocimiento formal del derecho a organizarse. La Ley de Reforma de la Administración Pública de 1978 codificó esos derechos — pero mucho más débiles que la ley del sector privado, y con exenciones de seguridad nacional que la administración Trump está ahora usando como arma.
Ninguna administración demócrata derogó Taft-Hartley. Ningún Congreso restauró el derecho a boicots secundarios, huelgas de simpatía o a un cierre de negocios. Las prohibiciones se mantuvieron. Las leyes de derecho al trabajo se mantivieron. El poder del presidente para romper huelgas se mantuvo — listo para la siguiente ofensiva.
La Confederación Sindical Internacional ya clasificó a Estados Unidos entre los países con "violaciones sistemáticas de derechos" y en 2026 la incluyó por primera vez en su lista de vigilancia de derechos laborales, citando los ataques de Trump contra trabajadores federales, protecciones laborales y trabajadores inmigrantes. En comparación con los trabajadores de otros países industriales importantes, a los trabajadores estadounidenses se les niegan derechos laborales.
El resultado es evidente: en 1983, uno de cada cinco trabajadores estadounidenses tenía tarjeta sindical. Hoy en día, la Oficina de Estadísticas Laborales cuenta con 14,7 millones de miembros sindicales — uno de cada diez trabajadores asalariados y menos de uno de cada 17 en el sector privado. Ese fue el terreno sobre el que Trump construyó su ofensiva.
Beyond the law, into struggle
The paralysis of the labor board left private-sector workers fired for organizing with nowhere to appeal for nearly a year, from the biggest Amazon warehouse to the smallest hospital unit. The Fifth Circuit ruling, if the Supreme Court upholds it, could end the legal right to organize in the private sector. The executive orders stripped a million federal workers of their contracts. DOGE tore the union presence out of the federal workforce. The contractor wage cuts hit the lowest-paid private workers in the country. And a general counsel sits atop the labor board who will not defend it.
For the bosses, the attack buys time: time to fire organizers, stall elections, scare workers and break momentum. For workers, it proves that labor law is no shield when the government, the courts and the corporations move together. It becomes a trap unless workers are organized enough to fight beyond it.
The answer cannot wait for a friendlier administration. The bosses are using every weapon they have — the White House, the courts, the labor board, the budget and the police power of the government. Workers have only one answer strong enough to meet it: organization in struggle. That means solidarity across shops, industries and borders, and the confidence to use the power workers still hold — to withhold their labor at the point of production.
Trabajadores de estadios autorizan huelga antes del Mundial.
Miles de cocineros, lavaplatos, trabajadores de concesiones, camareros y camareros en el SoFi Stadium amenazan con hacer piquetes, citando salarios insuficientes, erosión de empleos y planes de que ICE esté presente en los partidos.
Trabajadores protestan frente al SoFi Stadium antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Inglewood, California, el 18 de mayo de 2026. Los miembros del Local 11 de Unite Here están luchando para mantener a ICE fuera de su lugar de trabajo durante el torneo.
Frederic J. Brown/Getty Images
Miles de trabajadores en el SoFi Stadium de Los Ángeles amenazan con hacer huelga, citando salarios insuficientes y planes para que los oficiales de ICE estén presentes en la Copa del Mundo, y planteando la posibilidad de que el enorme torneo de fútbol pueda comenzar sin trabajadores que vendan comida y bebidas a los espectadores.
Unite Here Local 11, que representa a más de 2.000 cocineros, lavaplatos, trabajadores de concesiones, camareros y camareros de SoFi, anunció el viernes que los miembros votaron el 96% a favor de autorizar una huelga.
La votación tuvo lugar apenas una semana antes de que el estadio acoga su primer partido de la Copa del Mundo.
Los miembros del sindicato han estado trabajando sin contrato desde que su anterior acuerdo con el operador del estadio Legends Global expiró el año pasado, lo que les da el poder de hacer huelga en cualquier momento. Reanudaron las negociaciones sobre un nuevo contrato a principios de este año, pero convocaron una votación de huelga a finales de mayo, citando la falta de avances en cuestiones clave como los salarios, el papel de ICE en los partidos y la erosión de buenos empleos como resultado de la automatización y los subcontratistas.
La dirección "sube los precios cada año por las ventas, pero nuestros salarios se mantienen estancados", dijo Mike Burgh, miembro del comité de negociación y camarero de catering en SoFi, a HuffPost. "Solo pedimos un ajuste respetuoso de costes, y están jugando bajo con nosotros."
"Soy una de las miles de trabajadoras detrás de cada comida preparada, cada bebida servida y cada experiencia de invitado en el Mundial", declaró Yolanda Fierro, miembro del comité de negociación y encargada de la suite. "Aficionados de todo el mundo vendrán esperando un evento inolvidable, y nos enorgullece haberlo hecho. Pero ningún trabajador debería temer separarse de su familia ni preocuparse por actividades peligrosas de ICE mientras simplemente realiza su trabajo."
SoFi, el recinto deportivo más caro del mundo, acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo y se espera que tenga capacidad para 70.000 espectadores. En Seattle, que acoge seis encuentros, trabajadores hoteleros sindicalizados representados por Unite Here Local 8 autorizaron una huelga separada el viernes, impulsando mejores salarios, cobertura sanitaria y protecciones frente al ICE.
Además de los problemas económicos, la amenaza constante de los agentes federales de inmigración en Los Ángeles se ha cernido sobre las negociaciones, que están previstas para continuar el lunes.
Cuando agentes federales irrumpieron en la ciudad el año pasado, cientos de trabajadores de SoFi se quedaron en casa, dijo Fierro al HuffPost el mes pasado. El estadio está situado cerca de un Home Depot y de una tienda de comestibles El Super, ambos lugares frecuentes de redadas migratorias. Los trabajadores se alertaban mutuamente sobre avistamientos sospechosos en el aparcamiento y evitaban entrar y salir solos del estadio.
Los temores de ser capturados por agentes federales enmascarados aumentaron en febrero, cuando el entonces director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, testificó ante el Congreso que ICE desempeñaría un "papel clave" en la seguridad en la Copa del Mundo. En respuesta, los trabajadores de Unite Here Local 11 pidieron a la FIFA y al propietario del estadio Kroenke Sports & Entertainment que se comprometieran a que ICE y la Patrulla Fronteriza no tendrían presencia en el torneo y advirtieron que estaban preparados para hacer huelga si no se cumplían sus demandas.
Un lunes por la mañana de mayo, los trabajadores de Unite Here Local 11 se reunieron con carteles de "¡PATEA EL HIELO!" y balones inflables de fútbol frente al lago artificial justo al sur del estadio para dar una rueda de prensa antes de una sesión de negociación con su empleador, Legends Global.
Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, dijo que justo la semana anterior, uno de sus miembros había "salido de una revisión rutinaria en el juzgado y se había metido en una emboscada de ICE."
"Su esposa suplicó libertad porque también querían llevársela. La pusieron una pulsera en el tobillo y la dejaron ir. Su hijo de 6 años y su hijo de 2 años vieron cómo sus padres eran aterrorizados por ICE. Todo esto por atreverse a vivir y trabajar en la ciudad que llaman hogar", dijo Petersen.
Petersen contó posteriormente a HuffPost que el miembro había presentado una petición de habeas corpus con la ayuda de un abogado financiado a través del fondo de defensa legal del sindicato. Tiene conocimiento de una docena de miembros del Local 11 que han sido detenidos por ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, todos ellos liberados con la ayuda de abogados contratados a través del fondo legal del sindicato, añadió.
"La FIFA organiza un torneo de fútbol, no Los Ángeles ... Nadie dio a la FIFA el poder de decidir quién está a salvo y quién es perseguido."
- Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11
Los trabajadores reconocen que Legends Global no tiene la capacidad de restringir la actividad de ICE, pero ven la Copa del Mundo como una oportunidad crítica para presionar a la FIFA y al gobierno federal amenazando con retener su trabajo durante un megaevento del que la FIFA puede obtener enormes beneficios.
La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios, pero el presidente de la organización, Gianni Infantino, se ha alineado previamente con Trump. El año pasado, asistió a la investidura de Trump, visitó la residencia del presidente en Mar-a-Lago en Florida y le otorgó el primer "Premio de la Paz" de la FIFA.
Un portavoz del DHS dijo en un correo electrónico que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional "estarán presentes en aeropuertos y alrededor de los sitios de la FIFA 2026 para apoyar las operaciones de seguridad" y que "su presencia se centra en proteger el evento y apoyar la seguridad pública, no en comprobar el estatus migratorio de los asistentes en los recintos del evento."
Una encuesta reciente del Washington Post/Universidad de Maryland reveló que el 65% de los estadounidenses se opone a que ICE patrulle estadios durante la Copa del Mundo.
"La FIFA organiza un torneo de fútbol, no Los Ángeles", dijo Petersen el mes pasado. "Nadie eligió a Gianni Infantino ni a Donald Trump para gobernar Los Ángeles. Nadie dio a la FIFA el poder de decidir quién está a salvo y quién es perseguido, y nadie, nadie puede traer ICE a nuestra ciudad", continuó, mientras los trabajadores detrás de él comenzaban a corear: "¡CERRAD, CERRAD!"
Los trabajadores de Unite Here 11 consideran sus esfuerzos organizativos antes de la Copa del Mundo como preparación para los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en Los Ángeles. Estos megaeventos crean condiciones difíciles para la clase trabajadora que vive en las ciudades anfitrionas, incluyendo un aumento de la policía y un aumento vertiginoso de los costes de la vivienda. Ya algunos miembros informan de trayectorias de horas a sus trabajos en estadios porque no pueden permitirse vivir en Los Ángeles.
Pero con la planificación estratégica, los megaeventos también crean una oportunidad de apalancamiento. Los trabajadores de SoFi han sido tajantes en que el contrato actual que están negociando debe expirar a principios de 2028, alineándose con los principales sindicatos de Los Ángeles para crear una amenaza de huelga en toda la ciudad antes de los Juegos Olímpicos.
"Los hoteles, los eventos deportivos, estamos todos en fila", dijo Burge.
En 2023, Unite Here Local 11 lanzó huelgas continuas en hoteles por todo el sur de California. Durante las negociaciones para resolver las huelgas, los empleadores ofrecieron 3 dólares adicionales por hora si el sindicato aceptaba una fecha de caducidad tras los Juegos Olímpicos, dijo Petersen.
"Lo llevamos a nuestro liderazgo; dijeron unánimemente que no, que es una oportunidad única en la vida", dijo Petersen. "Nuestros miembros lo entienden."
1 de junio – Hoy es el primer día del Mes del Orgullo LGBTQIA+. Hace unos días, organicé una vigilia por un vecino que fue asesinado.
Eryka Caldwell era una mujer trans negra de 41 años. Fue asesinada el 19 de mayo en su apartamento, a solo unas pocas manzanas del mío. Eryka había estado luchando por escapar de una relación con un hombre abusivo.
Eryka vivía, y yo vivo, en Bushwick, un barrio del norte de Brooklyn. Bushwick y la vecina Ridgewood, Queens, están en el centro de la vida y la cultura queer en Nueva York, especialmente para las personas trans.
Bushwick es como la gente imagina que era Greenwich Village en los años posteriores al levantamiento de Stonewall de 1969, antes de que fuera arrasado por promotores inmobiliarios y la gentrificación. Es donde se reúnen las personas queer, donde tocan nuestras bandas, donde nuestros artistas y escritores perfeccionan su oficio.
Cualquier día, puedes ver a personas trans camino al trabajo, en el metro, yendo al colegio. Simplemente somos parte de la comunidad: presentes, aceptados, sin nada destacados. Lo cual es en sí mismo muy notable en esta época de ascenso del fascismo.
Por supuesto, venimos aquí por muchas razones. Pero hoy en día una razón importante, aunque no expresada, es: la sensación de seguridad en el número. Buscamos comunidad y cercanía con la esperanza de que ofrezcan cierta protección mientras las poderosas fuerzas que impulsan el exterminio trans se acercan.
Seattle, en el noroeste del Pacífico, también es así. Tantas personas trans y otras personas queer huyen a la ciudad que ninguna ayuda mutua puede soportar ese peso. Así que la gente se está organizando y protestando para exigir que las autoridades de Seattle depongan recursos para sus afirmaciones de ser un santuario para la comunidad trans.
Una semana antes de que Eryka Caldwell fuera asesinada, Juniper Blessing fue asesinada en Seattle. Juniper era una mujer trans blanca, de solo 19 años, estudiante, asesinada por un desconocido en la lavandería de su universidad.
En todo Estados Unidos, al menos 12 personas trans han sido asesinadas o encontradas muertas en circunstancias sospechosas desde principios de marzo. Eso es aproximadamente una por semana.
A simple vista, Eryka Caldwell y Juniper Blessing no parecen tener mucho en común: de generaciones diferentes, de diferentes orígenes, llevando vidas muy distintas en extremos opuestos del país. Pero lo que sí tenían en común era ser miembros de un grupo marginado que ha sido implacablemente convertido en chivo expiatorio por los ricos y poderosos durante los últimos cinco años.
Los asesinatos consecutivos de mujeres trans en Seattle y Brooklyn, refugios de la vida trans y la cultura queer, han dejado explícito lo que ya sabíamos en lo más profundo: en 2026, no hay un lugar seguro para las personas trans en Estados Unidos.
No más hermanos robados
El 27 de mayo, unos 60 de nosotros – trans y cis, queer y hetero – nos reunimos junto a una tienda Family Dollar cerca del edificio de apartamentos de Eryka Caldwell. Sosteníamos velas, una bandera del orgullo trans y carteles que decían: "Descansa en el poder, Eryka" y "Las vidas trans negras importan".
Caminamos en grupo hasta el edificio, donde se leyeron los nombres de hermanos trans recientemente perdidos antes de un minuto de silencio. Una vecina de Eryka, una joven negra cisgénero, nos pidió que añadiéramos el nombre de una amiga trans que había fallecido. Después, la música local Vi Viana interpretó dos canciones en honor a Eryka. La gente dejó ramos de flores.
Al terminar la vigilia, Jasmine, una mujer trans negra, habló con pasión de la responsabilidad de todos de proteger a otras mujeres trans negras. El grupo reunido decidió establecer un grupo de respuesta rápida vecinal para amenazas a la comunidad trans de Bushwick-Ridgewood, inspirado en quienes ya operaban en la zona para responder a redadas de ICE contra inmigrantes.
Esa misma mañana, muchos de nosotros nos habían llegado la noticia de que se había encontrado el cuerpo de otra mujer trans en el Brays Bayou de Houston. Unos días después de la vigilia, supimos que la víctima era otra mujer trans negra. Su nombre era Persia Amarra Conway.
En 2025, el 63% de las personas trans conocidas por haber sido asesinadas en EE. UU. eran mujeres trans negras, según Advocates For Trans Equality. De los asesinatos trans rastreados por la Human Rights Campaign desde 2013, el 60% han sido mujeres y mujeres trans negras. El setenta por ciento eran personas de color.
Entre la muerte de Eryka y nuestra vigilia diez días después, supimos de otros dos hermanos perdidos. Murry Foust, un hombre trans blanco y estudiante de la Universidad del Norte de Kentucky, había estado desaparecido desde finales de abril. Su cuerpo fue encontrado en una zona industrial de la ciudad de Wilder por un grupo de búsqueda organizado de forma independiente. La policía afirmó que no había indicios de "juego sucio", pero la causa de la muerte no se ha hecho pública.
Por último, quizá sea el más desgarrador. Una chica trans, estudiante de instituto, identificada solo como Jane Doe, se suicidó en enero. Había sido la principal demandante en una demanda contra la prohibición del estado de Idaho a que jóvenes trans usaran baños escolares que coincidan con su género. Su muerte se reveló porque, en su ausencia, el caso fue desestimado.
El tribunal ofreció "sus más sinceras condolencias" al permitir que la severa prohibición de los baños entrara en vigor en todo el estado.
Cada suicidio trans es asesinato.
¿Qué es el asesinato social?
Frederick Engels, que cofundó el socialismo científico con Karl Marx, fue el primero en registrar la expresión "asesinato social" mientras estudiaba las terribles condiciones de los trabajadores en Manchester. Esa frase ha ganado nueva popularidad entre las personas trans en los últimos meses.
Escribiendo sobre la creciente incidencia de suicidios e intentos de suicidio por parte de personas trans, especialmente jóvenes, y el constante retumbar de la extrema derecha animándonos a suicidarnos, Alejandra Caraballo, abogada, profesora de Derecho y mujer trans, explicó:
"En 1845, Engels documentó las condiciones de la clase trabajadora inglesa en Manchester y articuló un concepto que los propios trabajadores ya habían nombrado: asesinato social.
"La formulación de Engels fue notablemente precisa. Cuando la sociedad pone a las personas en condiciones en las que no pueden sobrevivir, cuando las priva de las necesidades de la vida, cuando las obliga, a través del brazo de la ley, a permanecer en esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia inevitable, y cuando la sociedad sabe que esas personas perecirán y permite que las condiciones permanezcan, el resultado es un asesinato.
"Es, como escribió Engels, un asesinato disfrazado y malicioso, un asesinato contra el que nadie puede defenderse, porque nadie ve al asesino y la muerte de la víctima parece natural. Pero es asesinato igualmente. …
"Cada elemento de este marco corresponde a lo que está ocurriendo con las personas transgénero en Estados Unidos en este momento."
Caraballo continuó: "En septiembre de 2024, Nature Human Behavior publicó un estudio ... A lo largo de cinco años de datos de encuestas de 61.240 jóvenes transgénero y no binarios. El estudio encontró que las leyes anti-transgénero a nivel estatal provocaron un aumento en los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios en el último año entre un 7% y un 72%, con los incrementos más marcados entre los menores de 18 años. El estudio estableció, por primera vez, una relación causal entre la legislación anti-trans y los intentos de suicidio.
"El mecanismo causal es el que describió Engels: la imposición de condiciones que hacen la vida inhabitable. Cuando un adolescente trans no puede acceder a atención médica que trate la disforia de género, no puede ir al baño en el colegio, es sacado del armario a padres hostiles, es insultado por profesores obligados por ley a hacerlo con nombres y pronombres equivocados, se le prohíbe de los equipos deportivos y el gobierno del país en el que vive le dice cada día que no existen en ninguna forma legalmente reconocible, El resultado es predecible."
La base para el genocidio
Caraballo sostiene que el asesinato social describe mejor la situación actual que enfrenta la comunidad trans que el genocidio.
En mi opinión, ambas son acertadas. El asesinato social está en vigor y se ve como una forma poderosa pero "negable" de asesinar a personas trans. Ya estaba en funcionamiento bajo la administración de Joe Biden, famoso por sus "pensamientos y oraciones" mientras los futuros trans ardían bajo sus narices.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha estado sentando rápidamente las bases ideológicas y construyendo la infraestructura represiva para avanzar hacia redadas, encarcelamiento masivo de personas trans y exterminio.
La mayoría de la gente piensa en el genocidio como los campos de exterminio y cámaras de gas del Holocausto o el bombardeo masivo de Gaza. Pero hubo muchos pasos en el proceso que condujeron a esos actos "finales" de asesinato masivo.
El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio ha documentado el rápido inicio de condiciones que condujeron a un genocidio orquestado por el gobierno contra personas trans en Estados Unidos.
El 11 de marzo, Lemkin emitió su tercera "alerta de bandera roja" para personas trans en EE. UU. En parte, dice: "La Administración ha pasado de identificar a las personas transgénero como una amenaza para la familia y para la capacidad militar del país a afirmar que las personas transgénero constituyen una amenaza para la salud espiritual de la nación y la mayor amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos en el mundo.
"Dadas estas tendencias ideológicas, especialmente junto con la legislación cada vez más hostil y draconiana contra las identidades trans, el Instituto Lemkin considera que Estados Unidos se encuentra claramente en las primeras y medias etapas de un proceso genocida contra las personas trans, cuyo objetivo es borrar por completo a las personas transgénero no solo de la vida pública, sino también de la existencia en EE. UU. y a nivel global."
'Te encontraremos y te mataremos'
The Trump regime’s new “Counterterrorism Strategy” was released on May 6. It explicitly names trans people as a “threat” to U.S. national security, along with antifa and other left-wing movements. Naturally, the violent, fascist, white supremacist movement that serves as a pillar of Trump’s power goes unaddressed.
A cover letter signed by Trump ends with the vow, “We will find you and we will kill you.”
“Whether it is the cartels, the jihadists or violent left-wing extremists like antifa and like the transgender killers, the nonbinary, the left-wing radicals who killed my friend Charlie Kirk, we will take them on, head-on,” Sebastian Gorka, the administration’s senior director for counterterrorism, told reporters.
A misinformation campaign by the administration and far-right “influencers” attempted to cast blame on trans people for the assassination of hate-monger Charlie Kirk last year. For a few days, the threat of pogroms against trans people hung menacingly in the air.
The Kirk story fell apart. But it is still repeated as gospel truth by the far right. And every mass shooting or assassination attempt against a Trump ally is now accompanied by stories blaming trans individuals or trans people as a group.
The vast majority of these incidents are, of course, carried out by white, cisgender men with right-wing views.
The purpose of the misinformation campaign is to create a false consciousness among the masses of people, where it’s “common knowledge” that trans people are dangerous.
And that, in turn, intensifies the atmosphere of social murder – even as it brings the final stages of genocide closer.
We mourn the trans people who have been murdered or died under suspicious circumstances since March 1, 2026:
Persia Amarra Conway (Houston, Texas) Murry Foust (Wilder, Kentucky) Eryka Caldwell (Brooklyn, New York) Juniper Blessing (Seattle, Washington) Lucas RedBeard Knapp (rural New Mexico) Lanessa Rodriguez (Ft. Pierce, Florida) Aleanna Royal Belcher (Binghamton, New York) Dannielle Spillman (San Francisco, California) Davonta Curtis (Chicago, Illinois) Shyyell Diamond Sanchez-McCray (Petersburg, Virginia) Mommie Spotsie King (Dunnellon, Florida) Daniella Analee Escobedo (Las Vegas, Nevada)
And all those we don’t know, who were deadnamed, misgendered, or ignored by police and media.
After this article was submitted, news broke of the murder of 16-year-old Nathaniel Potts, a gender nonconforming person, in Raleigh, Illinois, on May 20. Nathaniel, a gender nonconforming teenager, was shot in the back.
Noche de Arte de la Resistencia: Una velada de arte y comunidad de la resistencia con camaradas que recaudan fondos para la Coalición de Autodefensa Comunitaria (CSDC).
30/5-1/6 Union City, CA: Conferencia Política ILPS-EE. UU.
Desde DC, Nueva York y Filadelfia, hasta Chicago, Minneapolis y Dallas, Seattle, Portland, California y más, gente de todo el país se está reuniendo para prepararse para nuestra convergencia de luchas contra la creciente guerra y agresión imperialista. ¡Mañana daremos inicio a nuestro fin de semana de la Conferencia Política Advance the Peoples' Struggle de ILPS-EE. UU.
Más de 500 personas asistieron a la conferencia de 3 días, en su mayoría jóvenes asiático-americanos enérgicos y apasionados, ¡nuestras esperanzas para el futuro movimiento por la justicia social!
Por favor, considere hacer una donación al importante trabajo de la Red Nacional de Solidaridad con Inmigrantes, la Red Action LA, la Red de Solidaridad China-EE. UU., Panda Aid y la Red Peace NO War
Envía el pago de cheques a: NISN/AFGJ
Red Nacional de Solidaridad con Inmigrantes Apartado de correos 751 South Pasadena, CA 91031-
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